La licencia de obra pedida en el año 2011 y que aún no llega

Hace siete años y tres meses, Francisco Urbano acudió a la Gerencia Municipal de Urbanismo. El 20 de diciembre de 2011, presentó un solicitud ante este organismo para poder construir dos apartamentos en una casa en ruina ubicada en el número 3 de la calle Portillo, en pleno centro de la capital. De hecho, el inmueble está ubicado muy cerca de la fachada de la Sacristía de la Catedral. Antes de que le aceptaran la petición y le movieran un solo papel, tuvo que pagar por adelantado 2.812 del Impuesto de Construcción (ICIO) y 657 euros más por las tasas. Más de 3.500 euros para trámites burocráticos que le permitieran avanzar en la edificación de un edificio que iba a convertirse en su residencia habitual.

A día de hoy, todavía no ha podido poner ni un ladrillo: “Es una situación desesperante”, asegura Francisco Javier Delgado, el abogado que defiende los intereses legales de este promotor. El que parece último escollo de esta larguísima carrera de obstáculos se lo han encontrado en la propia Gerencia Municipal de Urbanismo: llevan tres meses para cerrar definitivamente el expediente y decidir si le dan o no le dan la famosa licencia de obra: “Solo queremos que, por lo menos, nos den una respuesta, que nos contesten. En este tiempo, no nos han dicho nada”, afirma el letrado. “No entendemos cómo se agiliza, porque es un solar que está al lado de la Catedral y pensamos que debería estar construido para no afear un entorno que aspira a ser declarado Patrimonio de la Humanidad”, argumenta Francisco Javier Delgado.

La odisea de Francisco Urbano arrancó al poco tiempo de pedir el permiso para construir. Entonces, lo que había en el número 3 de la calle Portillo era una casita de tres plantas sobre una superficie de apenas treinta metros cuadrados. El edificio estaba abandonado y había sido declarado en ruina. Sin embargo, el Ayuntamiento no les daba el permiso para derruirlo, ya que se encuentra en el entorno de protección de la Catedral y del Palacio Cobaleda Nicuesa. “Hacía falta un permiso de Cultura, en concreto de la Comisión Provincial de Patrimonio”, relata el abogado. Esa autorización tardó varios meses en tramitarse y años en concederse. El atasco ahí fue considerable. Finalmente la casa pudo ser derribada en agosto 2015. Parecía que el camino para construir se despejaba. Sin embargo, todavía quedaban más obstáculos, según explica el abogado. “Nos pidieron una intervención arqueológica preventiva para ver si había restos de interés en el solar”, aclara Francisco Javier Delgado. “Se hicieron las catas por los especialistas y se entregó el correspondiente informe a Cultura. La Comisión Provincial de Patrimonio volvió a tardar meses en darle el visto bueno”, agrega. Es el último documento que faltaba para completar el expediente en la Gerencia de Urbanismo: “Entró el pasado 16 de enero al registro municipal. Desde entonces, no tenemos respuesta por parte del Área de Licencias. Queremos que nos den una solución porque no puede ser que llevemos más de siete años con este asunto”, analiza el abogado.

El atasco en la Gerencia Municipal de Urbanismo se ha agravado en los últimos meses. El Colegio de Arquitecto calcula que el periodo de tramitación de una licencia de obra está en torno a los dos años. En este caso, lleva siete años y tres meses.