La viuda de un obrero muerto en accidente pide justicia

Antonio Manuel R. F. falleció en la madrugada del 30 de julio de 2011 en una nave del polígono de Los Rubiales de Linares. Llevaba apenas cuatro días trabajando como soldador en el turno de noche, cuando se le cayó encima una viga de unos 350 kilos de peso que estaba manipulando. Falleció en el acto. Dejó viuda y dos niñas pequeñas, de 19 meses y 40 días. Casi cinco años después de aquel accidente laboral mortal, el patrón de Antonio Manuel fue juzgado ayer por delitos contra los derechos de los trabajadores y de homicidio por imprudencia.

Desde el banquillo de los acusados, este empresario madrileño, Antonio Ángel M. T., tuvo que escuchar a la viuda relatar la dramática situación que sufre su familia. “Llevábamos once años viviendo juntos. Mi hija pequeña estaba recién nacida cuando pasó”, comenzó a explicar. A partir de ahí, las lágrimas apenas la dejaron continuar. Relató que, como no estaban casados, la Seguridad Social le denegó la pensión de viudedad y que está atravesando apuros económicos. También habló de sus suegros: “Ninguno de los dos levanta cabeza”.

A su lado, el empresario acusado torcía la cabeza para desviar la mirada. Antes, durante su declaración ante la juez del Penal número 1, se descargó de cualquier responsabilidad en el accidente sufrido por Antonio Manuel. “Soy el gerente de la empresa. Mi función es eminentemente comercial, de trato con los clientes. No estoy en el día a día de los centros de producción. Gestiono y delego”, aclaró. Al respecto, quiso dejar claro que tenía contratada una empresa externa de prevención y evaluación de riesgos laborales y un comité de seguridad: “Ellos eran los que se encargaban de esta materia”, añadió.

La Fiscalía y la acusación particular —ejercida por la familia del fallecido— sostienen que el accidente laboral se pudo evitar, ya que se produjo por la falta de seguridad en la empresa. En concreto, explican que el procedimiento para voltear la viga no estaba determinado por la empresa “con instrucciones claras sobre cómo llevarlo a cabo”. Al mismo tiempo, entienden que el trabajador no recibió la formación necesaria ni fue informado de los riesgos concretos: “Ni tan siquiera había firmado el contrato”, recordó el abogado de la familia. El encargado de la fábrica aseguró que sí dio las instrucciones precisas al obrero fallecido y que el accidente solo se explica porque volteó la viga “al revés”. No obstante, el técnico de Prevención de Riesgos Laborales de la Junta, que declaró como perito, fue muy tajante al asegurar que la pesada pieza metálica se cayó porque no estaba sujeta: “El método utilizado no era el correcto para garantizar que no se cayera la viga”, dijo.

La Fiscalía mantuvo su petición de dos años de cárcel para Antonio Ángel M. T. y una indemnización de 245.000 euros. La defensa solicitó la libre absolución. El caso ya espera sentencia.