Actualizado
domingo, 17 diciembre 2017
13:43
h
URGENTE
  • TAJO. Una cuadrilla trabaja en la recolección de la aceituna en una finca de la provincia jiennense.
    TAJO. Una cuadrilla trabaja en la recolección de la aceituna en una finca de la provincia jiennense.

La Subdelegación del Gobierno, por medio de la Inspección de Trabajo, tiene encomendada la misión de controlar que los jornaleros que trabajan en la recolección de la aceituna tengan contrato y que se les pague el salario establecido, algo más de 51 euros. Pero, en esta campaña, a iniciativa de titular del cargo en la provincia, Francisca Molina, la representación de la Administración General del Estado irá más allá, al solicitar que se intensifique el control sobre los alojamientos de temporeros. La muerte de tres aceituneros africanos, el 26 de diciembre de diciembre de 2016, por un incendio en su “vivienda”, una cochera de la calle Cárcel de El Mármol, propiedad de su patrón, motivó esta reacción de la subdelegada que se concreta en el envío de una carta a todos los ayuntamientos, una misiva en la que recuerda: “El trabajo coordinado de todas las administraciones evitará que se den situaciones lamentables con respecto a estos trabajadores”.

El escrito oficial, remitido a todos los alcaldes y alcaldesas, recuerda que los inspectores laborales extremarán la vigilancia para que el techo que se ofrece a los jornaleros, muchos de ellos extranjeros, sea acorde al artículo 30 del convenio colectivo del sector. Este epígrafe establece que, cuando como consecuencia de su trabajo, la empresa disponga de alojamiento y lo proporcione al trabajador, tendrá que ser digno, según la legislación vigente. Y, a título orientativo, se recuerda al patrón que tiene que contar con los elementos y utensilios necesarios para la preparación de las comidas, así como los medios idóneos para la pernoctación, alejados de zonas perjudiciales para la salud, disponer de luz directa y ventilación suficiente, agua potable y estar provistos de medios adecuados para que la temperatura en el inmueble sea la admisible. La Subdelegación avisa de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, es decir, la Policía Nacional y, sobre todo, la Guardia Civil, que tiene bajo su demarcación 93 de los 97 municipios y parte de Jaén, Linares, Andújar y Úbeda, comunicarán a las alcaldías correspondientes las situaciones de “infravivienda” que se detecten. Y es que, en el marco del dispositivo específico para la campaña, policías y guardias civiles tienen instrucción precisa de observar posibles irregularidades.

La subdelegada ya explicó, el año pasado, que mantendría conversaciones con los empresarios del sector agrícola, con la idea de establecer unos mínimos; con los ayuntamientos y con la Junta y otras instituciones. Tras ocurrir la tragedia del año pasado que, según una investigación concluida posteriormente tuvo un origen fortuito, compañeros de los fallecidos y organizaciones sindicales y de defensa de los extranjeros, pusieron el foco en hechos como que se usen naves e inmuebles que no son estrictamente una casa, para proporcionar una vivienda temporal a los trabajadores del campo.

Ante estas denuncias, el Ejecutivo central obró en la misma línea que la Junta que, por boca del que por entonces era su portavoz, el actual consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, que, dejó claro que, sin ser de su competencia estricta, la Junta hará lo que esté en su mano para dignificar los alojamientos. En este campaña agrícola, después de la reunión del Foro Provincial de Inmigración, se decidió el cobro de una tasa por el uso de la red de albergues para que, de esta forma, puedan usarlos como alojamiento fijo durante todo el tiempo que formen parte de un tajo.

Toque de atención del Defensor del Pueblo Andaluz a todas las partes

El Defensor del Pueblo abrió una investigación, de oficio, a raíz del fallecimiento, por asfixia, de Ba Cheick y Moussa Camara, de Senegal, y Diatouru Tougarra, de Mali, al originarse un incendio en el cocherón del pequeño núcleo de El Mármol en el que dormían. El expediente de la oficina que dirige Jesús Maeztu se cerró, como tal, el pasado mes de abril, al haberse archivado judicialmente el caso. Pero, ni el Defensor andaluz ni su equipo se quedaron tranquilos, convencidos de que hay un trasfondo que requiere mayor atención. De ahí que fueran más lejos y recordaran a todas las partes implicadas su preocupación por las condiciones de los temporeros y sus familiares, tanto en el trabajo como el alojamiento y escolarización de menores que se desplacen junto a ellos. El Defensor del Pueblo recuerda lo que, aunque es una obviedad, a veces se olvida, los empleadores tienen la obligación de cumplir el convenio colectivo y el resto de la legislación vigente en materia de vivienda. Esta vigilancia tiene un “problema añadido”, puesto que el colectivo de jornaleros, normalmente, no suele presentar quejas, por lo que se optó por desplazar personal a la provincia para, de esta forma, mantener conversaciones sobre el terreno.