Momento determinante para equilibrar la oferta educativa

En una realidad social en la que la natalidad descendió y provocó un efecto rebote en las aulas, con la consiguiente merma de las líneas en los centros escolares, ahora, la delegada de Educación, Yolanda Caballero, tiene la sartén por el mango para llevar a la práctica el equilibrio que tanto ha defendido. Fueron en las últimas primaveras, en los procesos de escolarización, cuando más se alzaron las voces de los diferentes colectivos de las comunidades educativas para recordar a Caballero que ahora, en 2017, tendría la oportunidad de lograr mantener una balanza justa. Y es que, tal y como indicaba la anterior Ley Orgánica de Educación (LOE), los convenios entre los colegios privados y la Administración pública se renuevan cada cuatro años, algo que con la nueva Lomce cambian en el sentido de que el periodo de renovación en Primaria pasa a seis años.

Sin embargo, estos acuerdos son, para los colectivos de la enseñanza pública, un daño que perjudica a uno de los pilares esenciales del estado social: el de la educación sostenida con fondos de todos los ciudadanos. De hecho, sindicatos como la Confederación General del Trabajo (CGT) ofrecen datos para evidenciar que, entre los cursos 2015/2016 y 2016/2017, en la provincia de Jaén, se suprimieron 52 unidades de la pública frente a las cero de la concertada. “Bajo el pretexto de la ‘libre elección de centro’, los organismos públicos están vaciando de alumnado las aulas de la escuela pública para entregárselo a negocios educativos privados y subvencionados por el Estado”, expresa el representante de la CGT, Manuel López. Así, señala a la delegada para recordarle que cumpla su compromiso de forma que la bajada de la natalidad no repercuta solo en la pública. “Caballero tiene hasta el 16 de febrero para remitir su propuesta de los conciertos en la provincia”, recuerda el sindicalista, quien reconoce y valora la defensa de la titular andaluza por la enseñanza pública. Respecto a la posición de los centros concertados, López indica: “Nos parece muy bien que se pretenda hacer negocio con la educación, pero no con dinero de todos los ciudadanos”.

Desde la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FISE), su secretario provincial, José González, recuerda la sentencia del Supremo que indica que, si hay demanda en la concertada, no se puede quitar un concierto. Asimismo, subraya que la prioridad de su posicionamiento es el mantenimiento del empleo. “En nuestros centros, si la Junta cierra, vamos al paro”, indica. Sobre el equilibrio, González explica que en la región está establecido en un 80% en pública y un 20% en concertada. “En la provincia se cumplen estos porcentajes, excepto en Linares y Úbeda o en algunas zonas de la capital donde hay más concertada”, dice. En estos casos, FISE propone una reducción de la ratio “de forma temporal”.