Ocho meses de prisión por favorecer la inmigración ilegal

La Audiencia de Jaén castiga con ocho meses de prisión a la encargada de un club de alterne de Rus por un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal. En concreto, Ilda C. A., que es de origen paraguayo, envió 2.500 euros a una compatriota, un dinero que le sirvió para que pudiera viajar a España. Una vez en territorio nacional, la chica denunció que la mujer le quitó el pasaporte, lo que hizo que se viera obligada a trabajar como prostituta durante más de veinte días para poder pagar la supuesta deuda contraída con ella por el vuelo. Por ello, la mujer fue acusada de un delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y se enfrentó a una petición de condena de ocho años de prisión por parte de la denunciante. No obstante, la Audiencia Provincial la ha absuelto de este segundo delito. Considera que no hay pruebas suficientes de que obligara a su compatriota a trabajar en club de alterne. El testimonio de la supuesta víctima no está corroborado por otros indicios, según se hace constar en la sentencia, a la que ha tenido acceso Diario JAÉN.

Los hechos probados recogen que Ilda C. A. contactó a través de redes sociales con su compatriota y le transfirió 2.500 euros a sus cuentas para que pudiera viajar a España como turista. La acusada la recogió en el aeropuerto de Málaga en febrero de 2017. La chica aseguró que pensaba que venía para trabajar cuidando a un anciano. Sin embargo, según su testimonio, nada más pisar suelo español, le retiraron sus papeles y sus pertenencias, por lo que tuvo que trabajar en un burdel de Rus para pagar la deuda contraída por el viaje. “Ella sabía a lo que venía ea España”, explicó Ilda C. A. al tribunal de la Sección Tercera.

Para los magistrados, está probado que la “madame” intentaba obtener un lucro cuando le adelantó el dinero a su compatriota para que pudiera venir a España. “No cabe pensar que la acusada actuara con una motivación altruista, sino que pretendía obtener un beneficio económico, enviando dinero para el viaje y, luego, a cambio, exigir una cantidad mayor”, señala resolución judicial. La sentencia considera que estos hechos son constitutivos de un delito contra la inmigración ilegal y, por ello, le imponen una condena de ocho meses de cárcel. La calificación jurídica y el castigo impuesto son muy similares a los planteados por la Fiscalía en el juicio.

La acusación particular, ejercida por la víctima, también imputó a Ilda C. A. una delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Para los magistrados, no hay prueba alguna más allá de la declaración de la denunciante, que no viene corroborada por ningún indicio más. Por ello, se dicta una sentencia absolutoria con respecto a este delito, que es mucho más grave.