Pagan una indemnización por un percance laboral mortal

La multinacional francesa Valeo y sus aseguradoras aceptan indemnizar a la familia de Ricardo Juan Rosas Ramos, el ingeniero jefe de mantenimiento de la fábrica de Martos, que falleció en un accidente laboral ocurrido el 3 de agosto de 2003. La víctima murió al ser aplastado por una máquina de inyección de gran tonelaje —pesaba 23 toneladas—. El siniestro se produjo en una nave de Torredelcampo a la que varios operarios habían llevado el aparato para su almacenaje. Una vez depositado, perdió la estabilidad debido a la poca estabilidad de los soportes y, literalmente, atrapó a Ricardo Juan Rosas Ramos contra la pared del edificio. Falleció en el acto. Con 44 años, dejó viuda y tres hijos.

Ahora, su familia ha conseguido que la empresa responda por el accidente. Inicialmente, el Juzgado de Instrucción número 1 de Jaén archivó la causa penal abierta. El juez estimó que no había un delito contra los derechos de los trabajadores, ya que se cumplían todos los protocolos y medidas de seguridad. Por ello, la viuda, Josefa Martínez, acudió a la vía social. Presentó una demanda en la que reclamaba 313.477 euros en concepto de indemnización por la muerte de su marido en accidente laboral. El juicio estaba previsto para ayer en el Juzgado de lo Social número 4. Finalmente, no se celebró. Antes de que comenzara la vista, las partes alcanzaron una conciliación y fijaron una compensación para la familia del fallecido con una cantidad muy similar a la solicitada inicialmente. En esa cuantía, se incluye el dinero ya cobrado correspondiente a dos seguros que la multinacional Valeo tenía contratados para estos casos. “Pensamos que ha sido un acuerdo satisfactorio para todos”, indica el abogado Javier Carazo, que ha representado los intereses de la familia en este procedimiento. La resolución, por lo tanto, ya es firme.

No obstante, todavía queda un procedimiento abierto. La Inspección de Trabajo levantó acta por el accidente laboral sufrido por Ricardo Juan Rosas Ramos y solicitó un recargo del 30 por ciento en las prestaciones sociales, es decir, en las pensiones de viudedad y orfandad que están recibiendo las familias. La Seguridad Social debe pronunciarse al respecto, es decir, decidir si incrementa la cuantía. Un dinero que debe ser aportado por la empresa en la que trabajaba la víctima. Cuando haya una decisión firme, cualquiera de las partes la puede recurrir ante los Juzgados de lo Social en caso de que no esté conforme con la resolución.