Piden cárcel a un obrero por un incendio en Despeñaperros

El 15 de julio de 2010, se declaró un incendio forestal en el corazón del parque Natural de Despeñaperros. Las llamas devoraron casi 90 hectáreas de un terreno ubicado entre Jaén y Ciudad Real y que goza del nivel máximo de protección. La investigación realizada por la Guardia Civil puso al descubierto que el fuego comenzó como consecuencia de la imprudencia que, presuntamente, cometió un obrero que estaba trabajando en las obras de construcción de la nueva autovía. Ahora, casi siete años después, este operario tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados. El fiscal pide para él 20 meses de cárcel. Además, está en juego quién debe pagar los gastos de extinción del fuego. Una factura que no es, ni mucho menos, pequeña: más de 440.000 euros. El Ministerio Público reclama que sea el trabajador acusado el que lo pague y, de forma subsidiaria, la aseguradora de su empresa.

Jorge R. A., natural del municipio motrileño de Motril, había sido contratado para las obras de construcción del nuevo trazado de la autovía A-4, a su paso por Despeñaperros. El día de los hechos, se encontraba cortando unos tubos de acero para el denominado “Viaducto de Cuchareros”, situado en el kilómetro 245. Realizaba esos trabajos a más de 14 metros de altura. El fiscal asegura que era “inevitable y absolutamente previsible” que salieran partículas incandescentes “de forma incontrolada”. Y señala que estas chispas caían sobre la vegetación circundante: “No adoptó medida de precaución ni de prevención alguna, destinada a evitar que se produjera un incendio forestal”, añade el escrito de acusación provisional del Ministerio Público. La Fiscalía recuerda que había muchos factores de riesgo: la proximidad de la vegetación, las altas temperaturas, la sequedad, el peligro extremo de incendio, el carácter protegido del entorno y la propia actividad que estaba desarrollando el obrero.

El Infoca tuvo que desplegar un amplio dispositivo para sofocar el fuego, en el que participaron más de 200 bomberos forestales, así como numerosos medios aéreos. Tardaron más de cuatro horas en controlarlo y un día entero para extinguirlo totalmente, tras realizar las correspondientes labores de refresco.

La Fiscalía acusa a Jorge R. A. de un delito de incendio por imprudencia grave y le aplica dos circunstancias agravantes: afectar a una superficie de considerable importancia y a un espacio protegido. Por ello, le reclama una condena de 20 meses de prisión y el pago de indemnizaciones superiores a los 440.000 euros.