Piden cárcel por demoler un tejado de uralita sin permiso

Los hermanos José Ramón y Martín F. G., dos empresarios del sector cerámico de Bailén, serán los primeros que se sienten en el banquillo de los acusados por retirar de un tejado placas de uralita sin permiso. La Fiscalía los considera autores de un delito contra el medio ambiente, ya que ese material contiene amianto y su manipulación puede resultar muy tóxica y peligrosa si se realiza sin el control necesario. De hecho, el Ministerio Público reclama para ellos un castigo de tres años y ocho meses de prisión.

En el banquillo del Penal número 3 no estarán solos: también está acusado un transportista que, presuntamente, cargó y retiró los restos de uralita “incumpliendo las normativa vigente”. Para Luis G. L. se pide una condena de 15 meses de prisión también por un delito contra el medio ambiente. El cuarto procesado es un empresario de la construcción, Ricardo C. A. Fue el que materialmente demolió las cubiertas, por orden de los dos hermanos. El fiscal asegura que contrató a varios trabajadores para que realizaran esta labor y no les proporcionó equipos de protección: “Puso en riesgo su vida y su integridad física”, remarca. Este último acusado se enfrenta a una petición de un año de cárcel.

Los hechos se remontan al mes de junio del año 2015, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de que se estaban desmontando los tejados de una antigua empresa cerámica de Bailén. El tejado de la nave estaba cubierto por unos 3.400 metros cuadrados de placas de uralita. El fiscal asegura que el material estaba “en muy mal estado de conservación”, por lo que podía emitir fibras de amianto al ambiente. Se trata de un residuo considerado “tóxico y peligroso”.

El Ministerio Público aclara que los dos propietarios de la vieja fábrica, José Ramón y Martín F. G., conocían esta circunstancia. Ambos contrataron a Ricardo C. A. para realizar la demolición del edificio y a Luis G. L. para que transportara los escombros. El escrito de acusación explica que los promotores carecían de las preceptivas licencias y autorizaciones para llevar a cabo la demolición proyecta: “Incumplían la normativa medioambiental”, explica. Y añade: “Conocían que con esos trabajos y la fractura de las placas de fibrocemento se liberarían fibras de amianto a la atmósfera, con diámetros respirables para las personas, con el consiguiente perjuicio para la calidad del aire y para la salud pública”.

Por ello, acusa a los propietarios de la nave de un delito contra el medio ambiente y reclama para ellos una condena de tres años y diez meses de prisión. Es la primera vez en la provincia que se celebra un juicio por hechos similares.

Como efecto colateral, el empresario que, presuntamente, realizó la demolición también tiene que sentarse en el banquillo, aunque por un delito contra los derechos de los trabajadores. Según el fiscal, contrató a cuatro operarios para la ejecución de los trabajos y no les facilitó las medidas de seguridad necesarias para manipular el fibrocemento. “Puso en riesgo su vida y su integridad física”, agrega el escrito de acusación provisional, firmado por el fiscal jefe, Carlos Rueda.

Las defensas de los cuatro procesados niegan todos los cargos y reclaman la libre absolución de sus patrocinados con todos los pronunciamientos favorables. El juicio está previsto para la próxima semana en el Juzgado de lo Penal número 3.