Un año de cárcel para el “chófer de la coca” por fraude a Hacienda

Juan Francisco Trujillo Blanco, conocido como el “chófer de la coca” o el “chófer de los ERE”, ha sido condenado a un año de cárcel por un delito contra la Hacienda Pública. La sentencia del Juzgado de lo Penal número 1 de Jaén considera que no pagó 150.860 euros en impuestos por una subvención de 450.000 euros que le concedió su jefe, el exdirector general de Empleo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero. Durante la instrucción de la causa, que realizó la juez Mercedes Alaya, Trujillo reconoció que ambos se gastaron parte de esa y otras ayudas públicas en fiestas, regalos de lujo y droga —de ahí su apelativo—. La confesión convierte a este iliturgitano en un personaje clave en los diversos procesos penales del caso de los ERE fraudulentos. Precisamente hoy comienza el juicio por la conocida como pieza política, por la que se sientan en el banquillo, entre otros, los expresidentes de la Junta, Manuel Chaves y Juan Antonio Griñán.

Para entender el caso hay que retrotraerse a diciembre de 2011, cuando nadie sabía quién era Juan Francisco Trujillo. La Policía investigaba un caso de venta de facturas falsas y, en ese marco, surgió el nombre de este vecino de Andújar en su faceta de empresario. Tenía cinco sociedades a su nombre. En las pesquisas los agentes descubrieron que fue chófer de altos cargos de la Junta, en concreto, de Francisco Javier Guerrero, hasta entonces principal imputado en el caso de los ERE. Es ahí donde los investigadores se dan cuenta de que tienen una “bomba” en la mano. Trujillo, además, “tiró de la manta”. Describió cómo su jefe le marcó el camino para crear empresas y recibir subvenciones “sin necesidad de justificar nada”. Recibió varias ayudas que superaban los 1,3 millones de euros y nunca pagó ni un solo euro en impuestos. De hecho, en septiembre de 2016, Trujillo ya aceptó una condena de un año y medio de cárcel por defraudar a Hacienda 165.000 euros de una subvención concedida por su jefe.

Ahora, acaba de ser condenado a otro año más de prisión por un fraude a las arcas públicas de otros 150.000 euros. En el juicio, el “chófer de los ERE” se acogió a su derecho a no declarar. Sin embargo, la magistrada Valle Elena Gómez considera que hay pruebas más que suficientes de que cometió el delito contra la Hacienda Pública que le imputaron tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado. Se basa en el informe de los inspectores de la Agencia Tributaria y en el testimonio que el propio Trujillo prestó durante la instrucción de la causa, en el que reconoció que recibió los 450.000 euros de dinero público.

Como castigo, la juez le incluye la mínima condena: un año de cárcel. ¿Por qué? Entiende que se le debe aplicar la atenuante de dilaciones indebidas. La causa fue reclamada por la juez Alaya en 2013. Tres años después, la magistrada sevillana la devolvió a los Juzgados de Andújar —donde se inició el procedimiento— al no aceptar la inhibición: “La causa estuvo tres años parada sin que conste la práctica de diligencia alguna”, matiza la sentencia.

Trujillo estuvo en prisión preventiva por el caso ERE durante varios meses y por el que todavía tiene que sentarse en el banquillo.. Hasta ahora, ha hecho valer su insolvencia para no pagar las multas.