Un juzgado investigará el uso de los tornos en los autobuses

Jaén en Común abrió la caja de pandora al informar a la Dirección General de Tráfico (DGT) de que, conforme a un informe de Verificaciones Industriales de Andalucía (Veiasa), empresa encargada de las inspecciones técnicas de vehículos en la comunidad, los tornos que todavía utiliza la flota de Autobuses Castillo, concesionario del transporte urbano en la ciudad, ni son legales ni cómodos y seguros para los viajeros, ya que limitan la accesibilidad. En esta documentación, Veiasa explicaba que la empresa tenía conocimiento de ello, puesto que el 1 de enero de 2017, uno de sus autobuses no pudo pasar la revisión por tener montado este sistema de control de acceso. Este movimiento del partido de la oposición dio lugar a dos cosas, por un lado, el Ayuntamiento, a requerimiento de la DGT, ordenó a Castillo la retirada de los tornos, como máximo, el 1 de diciembre. Por otro lado, Tráfico dio traslado de este hecho a la Fiscalía por si observaba indicios de delito. El Ministerio Público, según se confirmó a este periódico, a tenor de lo ocurrido, admite a trámite la denuncia y ordena que un juez la investigue.

El instructor del caso tendrá que determinar si es ilegal el empleo de este sistema de control, tan polémico, y depurar hasta donde llegan las responsabilidades de la adjudicataria e, incluso, el Ayuntamiento que, como titular del servicio, tiene la obligación de velar por que se preste en las mejores condiciones y conforme a la norma. La Concejalía de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Transportes, cuando tuvo conocimiento del informe de Veiasa y el dictamen de Tráfico puso en marcha su propia investigación para, si es preciso, abrir un expediente disciplinario a la compañía. El responsable de este área municipal, Juan Carlos Ruiz, ya explicó que, de haber sabido antes que, desde el 1 de enero de 2017, no se podía controlar con tornos el acceso de los pasajeros, hubiera obrado en consecuencia mucho antes y hubiera exigido su retirada. Ayer mismo, a través de un comunicado, JeC reclamó una reunión extraordinaria de la comisión informativa municipal de Transparencia, Control y Fiscalización de Empresas Concesionarias para debatir sobre el expediente sancionador a la empresa de los autobuses urbanos. Y es que, además de hacerlo de “motu proprio”, la Concejalía de Tráfico tiene que tener en cuenta que, en el pleno del pasado 17 de noviembre, la Corporación aprobó, por unanimidad, poner en marcha el proceso sancionador.

Fuentes del comité de empresa de Autobuses Castillo explicaron que ya se prueba un nuevo sistema de conteo de pasajeros, mediante cámaras instaladas en los vehículos, pero que todavía no está instalado. La compañía, con 76 empleados, tiene la concesión del transporte urbano desde la década de los 60 del siglo pasado y hasta el año 2036.