El Congreso aprueba la pesca de especies exóticas
El pasado martes, a instancia del PP que demostró su preocupación por el mundo rural, se presentó en el Congreso de los Diputados, la proposición de ley para la modificación de la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y de Biodiversidad.
La sentencia del Tribunal Supremo 637/2016 incluía la carpa, la trucha arco iris, el black bass, el lucio, el salbelino... como especies exóticas invasoras y, prácticamente, hizo desaparecer a más del noventa por ciento de los pescadores de estas especies. También postraba en la ruina a miles de empresas generando la pérdida de miles de puestos de trabajo. Sensible al malestar creado, el Congreso aprobó por una mayoría abrumadora, 263 votos a favor y 78 votos en contra, la proposición de ley que abre las puertas a la aplicación de una normativa acorde a la realidad medioambiental de nuestro país, equiparándola a las legislaciones que se rigen la mayoría de estados miembros de la Unión Europea.
Ahora las comunidades autónomas pueden y deben adaptar sus órdenes de veda a este nuevo marco normativo, permitiendo de esta forma que la actividad económica adyacente, recobre la dignidad sustraída por elumbraciones utópicas y potenciando con la ayuda de todo el colectivo del mundo rural, la preservación de la flora y fauna y sin ningún tipo de dudas la defensa de nuestro patrimonio natural. Es el momento de agradecer y reconocer el apoyo de partidos políticos como elucubraciones, PSOE, C’s, PDCAT, PNV y Grupo Mixto, por sus votos favorables en defensa de este colectivo, así como a los sectores y familias afectadas y a los cientos de amigos que desde el anonimato, sin salir en la foto, han ayudado con su trabajo a que hoy se abran las puertas de un futuro esperanzador para la pesca, la caza y el mundo rural.
Hay que reconocer y agradecer el trabajo y apoyo que en todo momento ha habido por parte de la Junta de Andalucía gracias al cual y junto al de otras comunidades, se ha hecho ver a la dirección nacional del PSOE, la necesidad de cambiar la ley 42/2007.