Los derechos humanos y los pueblos indígenas

El asesinato de la líder indígena hondureña y defensora del medio ambiente Berta Cáceres, el pasado marzo, nos sitúa ante la realidad de los pueblos indígenas que sufren sistemáticamente la violación de sus derechos humanos y la degradación de su entorno natural sin obtener una protección adecuada de los instrumentos internacionales de derechos humanos. La relación de los derechos humanos con los pueblos indígenas ha sido y es, más bien, traumática. A pesar de haber conseguido ser reconocidos como sujetos de derecho, aun hoy siguen siendo uno de los grupos sociales más amenazados y desamparados, que ven en peligro su supervivencia por la actuación de los estados y de los grandes grupos económicos.

Por ello, los pueblos indígenas han criticado la universalidad de los derechos humanos al considerar insuficiente la protección que les dispensa la Declaración de 1948 porque impone unas visiones de la vida diferentes a las suyas y porque ignora derechos que para ellos son vitales. La declaración fue hecha desde una óptica occidental basándose en concepciones individualistas que sitúan al individuo por encima de la colectividad. Por su parte, las culturas indígenas centran la vida y las relaciones personales no en el individuo, sino en la comunidad, que es quien decide y actúa sobre los individuos. Con estos derechos colectivos la comunidad podría garantizar su pervivencia. Si no aceptamos la dimensión comunitaria de los pueblos indígenas es prácticamente imposible que estos pueblos puedan mantener sus tradicionales formas de vida y, por lo tanto, sobrevivir. La declaración universal tampoco contempla los derechos relativos a la tierra a los que las culturas indígenas están fuertemente ligadas. Esta especial conexión no ha sido nunca entendida por nuestras culturas. Los pueblos indígenas no son capaces de vivir lejos de sus territorios sin perder su identidad cultural. Para ellos es vital el respeto de estos derechos a la propiedad de la tierra y a la explotación de los recursos naturales de la forma tradicional.

Esta falta de protección y las presiones del movimiento indígena provocó en 1982 la creación en Naciones Unidas del grupo de trabajo sobre pueblos indígenas que ha impulsado la creación de una declaración de derechos de los pueblos indígenas. No sin múltiples resistencias, derivadas del miedo a la autodeterminación de estos pueblos y a la falta de consenso de las organizaciones indígenas. Los estados no están dispuestos a negociar el tema de la autodeterminación.

Como mucho, algún Estado se ha mostrado dispuesto a conceder cierto grado de autonomía a estos pueblos. Con los derechos medioambientales, la situación es similar. Muchos pueblos indígenas están asentados en tierras fértiles o ricas en minerales. Eso hace que las políticas económicas de muchos estados pasen por la explotación de las tierras indígenas. Y esa explotación conlleva la desaparición de las formas ancestrales de vida de estos pueblos.

El 13 de septiembre de 2007, se adoptó la Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas. La misma, que no es vinculante, establece los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, así como sus derechos a la identidad, cultura, idioma, empleo, salud, educación y otras cuestiones. Cuatro naciones que tienen importantes poblaciones indígenas votaron en contra de la declaración: los Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y Australia. En su artículo 8 establece la prohibición de la asimilación forzada y la destrucción de su cultura. Porque cuando desaparece un pueblo la humanidad se empobrece.