Luchando en el desierto
de los derechos humanos

Como activista de derechos humanos siempre me he sentido muy unido a la causa de autodeterminación del pueblo saharaui. La pasada semana tuve la suerte de visitar los campamentos de refugiados de Tinduf, en Argelia, donde viven más de 200.000 personas en un embrión de estado bajo la dirección del Frente Polisario. Realmente vengo sorprendido de lo que he visto y de como la Republica Árabe Saharaui Democrática mantiene unos importantes niveles de organización y democracia modélicos en África en unas condiciones muy difíciles.

En mi viaje visité la sede central en Rabuni de la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos del Sahara (Afapradesa), organización de derechos humanos, creada y presidida por Abdeslam Omar Lahsen con el que tuve una interesante entrevista sobre la situación de los derechos humanos en el Sahara ocupado. Fue interesante comprobar cómo el pasado 6 de septiembre se cumplió un cuarto de siglo desde que las Naciones Unidas instaurasen el alto el fuego en el Sahara Occidental, teniendo como objetivo la celebración del Referéndum de Autodeterminación y que el mismo aún no solamente no se ha realizado, sino que la intransigencia de Marruecos sigue impidiendo que se fije una fecha para el mismo. Durante este tiempo, las fuerzas marroquíes de ocupación siguen perpetuando impunemente graves violaciones de derechos humanos en los territorios ocupados. Marruecos continúa torturando y maltratando a los civiles saharauis, tanto en las numerosas cárceles como durante las manifestaciones pacíficas que reclaman la libertad. Las torturas afectan incluso a destacados defensores de derechos humanos conocidos mundialmente por su activismo pacífico. Llama la atención muy particularmente el caso emblemático de los 21 civiles del Grupo de Gdeim Izik condenados por un tribunal militar, en violación flagrante de los convenios internacionales y de la propia legislación marroquí.

Desde 1975, más de 4.500 personas han conocido la desaparición forzada sin que sepamos el paradero de más de 400 personas. El estado marroquí se ha visto obligado a reconocer la muerte de 207 personas, en centros secretos, incluidos 14 niños y 22 mujeres, y otros 144 en las operaciones militares. Cabe mencionar que todos los casos de desapariciones forzadas ocurrieron en los centros clandestinos de detención y que las autoridades de ocupación siguen obstaculizando facilitar el proceso de búsqueda reclamado por los familiares de las víctimas. La práctica sistemática y generalizada de desaparición forzada se califica de crimen de lesa humanidad. Desde el punto de vista jurídico la desaparición forzada tiene el carácter de delito permanente hasta que no se investiguen los hechos, se realicen en su caso exhumaciones y procesos de búsqueda efectiva y se devuelvan los restos a los familiares.

Las desapariciones forzadas, en el Sahara Occidental y en cualquier parte del mundo, deben ser investigadas al margen del tiempo transcurrido desde el inicio de las mismas. Solamente de esta manera se pondrá fin al dolor de cientos de víctimas saharauis que esperan verdad, justicia y reparación.

Los derechos humanos también se pueden defender en medio de esa Hamada argelina donde un pueblo anhela la vuelta a sus hogares en libertad porque saben que no hay más alternativa que la autodeterminación y, España, como potencia administradora de derecho debe contribuir a ello. Se lo debemos al pueblo del Sahara con el que muchos de nuestros soldados compartieron noches bajo un manto de estrellas.