Pena de muerte y
control de la delincuencia
Amnistía Intenacional sigue clamando por la desaparición de la pena de
muerte de la faz de la Tierra, y a ello dedica una de sus campañas permanentes
El pasado 10 de octubre se celebró el Día Internacional contra la pena de muerte. Muchos se preguntarán por el desmesurado interés de Amnistía Internacional por este tema. También podemos preguntarnos qué puede aportar una nueva reflexión sobre el mismo. Pero Amnistía sigue clamando por que la misma desaparezca de la faz de la tierra y a ello dedica una de sus principales campañas permanentes. Somos conscientes de que, a pesar del innegable retroceso de la misma a nivel mundial, no podemos bajar la guardia por la sugestiva influencia que, en muchas sociedades, tienen las clásicas ideas del ojo por ojo. Alguien dijo que lo que más preocupa es el que la sociedad considere aceptable la venganza como móvil de la conducta colectiva.
Un argumento frecuentemente utilizado es su efecto disuasorio frente al delito. Pero esto no es más que una falsa ilusión. No está demostrado en modo alguno que la pena de muerte tenga un efecto disuasorio especial frente al delito. Varios estudios han tratado de examinar esto. Sendos estudios hechos por Sellin (1959) y Reckless (1969) establecen que aquellos estados que mantienen la pena de muerte tienen virtualmente la misma tasa de homicidios que aquellos que no la tienen. Sellin también examinó la tasa de homicidios en los estados antes y después de abolir la pena de muerte y encuentra que no existe diferencia significativa entre ambos períodos. Más recientemente, un estudio llevado a cabo por Archer, Garther y Beitel (1983) para 14 naciones alrededor del mundo, muestra que los crímenes se redujeron una vez la pena de muerte fue abolida en éstos.
Desde un punto de vista político-criminal la pena de muerte carece de toda utilidad práctica, siendo solo defendible desde criterios puramente retribucionistas hoy totalmente rechazados. Desde el punto de vista de la prevención, en base a los conocimientos empíricos obtenidos, no supone ninguna mejora, ni disminución de la actividad delictiva. Al contrario, podría afirmarse que supone un ligero aumento de la misma por dos argumentos:
—Por el efecto que ante la sociedad produce la existencia de la disponibilidad estatal del derecho a la vida de los ciudadanos y de la violencia que ello comporta.
—Ya que el criminal que ha cometido un delito castigado con la pena de muerte, tratara por todos los medios evitar ser descubierto y no tendrá ningún reparo en eliminar totalmente a los testigos, ya que no tiene nada que perder. Es lo que algunos estudios llaman efecto brutalizador de la pena de muerte que supone que con su implantación aumentan los homicidios.
—El criminal al delinquir no piensa en el castigo, si no en las posibilidades de ser descubierto y la pena de muerte da la impresión errónea de que se están tomando medidas y firmes contra la delincuencia, y así el Gobierno justifica una labor estéril cuando no se quieren tomar medidas más complejas y costosas. Una actuación policial efectiva, unos sistemas de justicia penal operativos, mejoras en la educación, en la protección social y en los niveles de empleo son claves para reducir los índices de delincuencia.
Matar al autor del crimen no soluciona la criminalidad. Si fuera tan fácil, los países que han adoptado la pena de muerte deberían estar libres de delitos y sin embargo continúan ejecutando seres humanos con condenas que en varios casos han sido injustamente aplicadas, y el error en estos casos no puede ser revertido. Corremos el riesgo de ajusticiar a inocentes, sin solucionar los crímenes más atroces. ¿ Vale la pena? Algunos, desde luego, pensamos que no.