Aniversario para la esperanza
Este mes celebramos el X aniversario de una Ley de gran calado en el reconocimiento de derechos sociales, como fue la Ley de promoción de la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia, conocida como “ley de la dependencia”. La Ley ha supuesto muchos progresos en la última década. El principal, la reducción en cinco puntos del nivel de pobreza de las personas mayores en España. Pero aún así, necesita de algunos impulsos para cumplir con los objetivos que se propuso. Este aniversario debería ser una oportunidad para replantear que orientación necesitan nuestras políticas para afrontar de manera adecuada los retos del envejecimiento y la dependencia. La Ley es de las mejores valoradas por la sociedad y por sus usuarios, más del 80% la valoran positivamente. Sin embargo pocas leyes han sido tan controvertidas en su puesta en marcha. Primero porque surgió en un contexto económico positivo y su aplicación y su fase expansiva de inversión coincidió con una etapa de recesión y crisis económica y por otro lado, porque no contó con el consenso deseado entre el Estado y las CC AA, como consecuencia de la ausencia de un Senado activo como cámara territorial donde se deberían debatir, negociar y pactas normas de carácter estatal de desarrollo autonómico. En esta como en otras leyes, se hace patente la necesidad de reformar un Senado para que sea una auténtica cámara territorial.
En mi opinión en la aplicación de la ley durante estos años nos hemos encontrado con dos problemas fundamentales, el principal la insuficiencia económica, lo que todavía provoca que haya una lista de espera importante de personas con el derecho reconocido y sin el disfrute efectivo de su prestación y el segundo el problema del modelo y la desigualdad territorial en la aplicación. Actualmente se estima que hay unas 1.207.870 personas dependientes, de las que están siendo atendidas el 68,4% (826.362), mientras que el 31,6% (381.508) está en “lista de espera”. La estimación del gasto en protección social para la dependencia se cifraba para el año 2003 en 2.356 millones de euros, un 0.32% del PIB. Esta cantidad era muy similar al denominado gasto consolidado estimado en el informe que elaboramos desde el Gobierno para la evaluación de la ley en 2010, 2.345 millones. En este informe se estimó el coste nuevo en 5.887 millones entre el 2009 y 2010, cantidad a la que si se le suma el coste nuevo de los dos primeros años no ofrecería una cifra muy similar a los 6.450 millones estimados en la memoria económica de la ley. Desde el primer momento se han ofrecido datos muy engañosos y confusos entre la responsabilidad de cada administración en la financiación. Pero lo cierto es que la financiación sufrió un grave retroceso en 2012, cuando el PP eliminó el nivel acordado de la financiación estatal junto con la supresión de las cuotas de la seguridad social de los cuidadores informales.
A pesar de que se ha producido un aumento de servicios profesionales y 2 de cada 3 prestaciones son hoy servicios profesionales, el modelo también necesita una seria revisión para avanzar en un “modelo integral y centrado en la persona”. Los efectos positivos de la ley de dependencia son hoy incuestionables. 20 céntimos de cada euro invertido revierten en retornos fiscales y se han generado más de 300.000 empleos. Por eso urge un acuerdo estatal sólido para entre otras cosas conseguir: Un sistema de financiación que garantice el cumplimiento de la ley y su sostenibilidad en el futuro, una cartera de servicios comunes de obligado cumplimiento por las comunidades autónomas, un consejo territorial como mecanismo cooperativo cuyas decisiones y acuerdos sean de obligado cumplimiento y herramientas de transparencia e información a la ciudadanía junto con una Estrategias de coordinación socio sanitaria.