¡Ay pena,
penita, pena!

Aunque no soy experto en Derecho Penal ni entiendo a los políticos partidistas, comprendo que hay temas que deberían sustraerse del debate o, al menos, habría que encauzarlos antes desde un órgano técnico —¡ay la Comisión General de Codificación!— en lugar de que tirios y troyanos se tiren sin pudor los trastos para llamar la atención. Los despropósitos de unos y otros sobre la llamada Prisión Permanente Revisable confirma que ésta es una labor de penalistas que debe ser encarada con sosiego y en su contexto. Se trata de un concepto jurídico indeterminado con ingredientes de discrecionalidad y una contradicción en sus propios términos; ni cadena perpetua, ni pena indeterminada y variable; la revisión puede colisionar con garantías penales básicas, ya que tipicidad de conducta, sanción y su extensión fue una conquista de hace dos siglos. Nuestra democracia, como el péndulo de Foucault, viaja de ida y vuelta entre seguridad y libertad, con cierta dosis de esquizofrenia legislativa. Tan democrático es reducir como agravar las penas, porque no es cuestión discrecional; precisamos un catálogo punitivo estable y consensuado; lo tuvimos sin el engendro de la PPR, sobre la que es el Tribunal Constitucional quien debe decir la última palabra.