Constitucionalistas

17 mar 2017 / 11:17 H.

Dentro de la obsesiva campaña del PP-A para casi eliminar el impuesto de sucesiones, reivindicación a la que se ha unido Ciudadanos, se han introducido una serie de afirmaciones que merecen ser matizadas. Yo incluso las tildaría de mentiras, así de claro. Se falta a la verdad cuando se dice que los andaluces escapan de su comunidad para no pagar. Las cifras, por ejemplo, en el año 2014 hablan de solo 81 casos en todo ese año. Se falta a la verdad cuando se dice que somos el territorio con más renuncias a herencias. Por supuesto se omite y no interesa a hablar de las cargas hipotecarias que envenenan esas herencias. El Consejo General del Notariado desmiente claramente con sus datos esa mentira. Y, una vez más, se miente al decir que somos la comunidad que más penaliza con ese tributo; se les olvida dar el dato de las autoliquidaciones que salieron negativas, o, por ejemplo, explicar que solo un 3% de las herencias de padres a hijos tuvieron que pagar. Repito, solo un 3%. Lo que más me asombra de toda esta campaña es cómo se consigue además desprestigiar hasta tal punto el pago de impuestos y cómo se trata de injusto al más básico de todos y al que mayor papel juega en la redistribución de la riqueza. Se miente para buscar el apoyo de las clases populares, esa mayoría de la población que es precisamente la que se beneficia del mantenimiento de los servicios públicos sostenidos con los impuestos y del ya de por sí deficitario Estado de Bienestar que no para de ser atacado desde todos los frentes. Este impuesto se ha convertido en el enemigo a batir por parte de aquellos ricos o súper ricos españoles que tienen tanta influencia en el poder político y mediático en nuestro país. Son aquellos que apenas pagan impuestos en España los que apoyan la frivolidad de pagar aún menos. Lo que hay que hacer es contarles a los ciudadanos realidades y verdades y dejarse de tanta frivolidad. Hay que contarles, por poner ejemplos sacados de los datos que nos muestra el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, que el 44% de los ingresos del Estado salen del IRPF y que el 83% de esa recaudación de IRPF sale de las rentas del trabajo, o sea, dicho vulgarmente, de los que curran y están en nómina. También hay que hablar de los ingresos del Estado que suman el 32% y que proceden de un impuesto como el IVA que se basa en el consumo y que es profundamente regresivo. Es decir, que las clases populares pagan mucho más que esa pequeñísima minoría de ricos o súper ricos. Hay que decirlo claro, el sistema de tributación es profundamente injusto en nuestro país. Y hay que recordarles a estos partidos tan preocupados por reducir, aún más, los impuestos a los ricos, que nuestro país tiene un problema gravísimo que se llama fraude fiscal y que, aunque no les interese sacarlo a debate ni organizar ninguna campaña de apoyo o para recoger firmas, ese problema tiene una cifra que es de 89.000 millones de euros al año. Dinero que no se ingresa año tras año. No es una frivolidad. Tenemos uno de los fraudes fiscales más elevados de Europa y de la OCDE. Tenemos la menor cifra de inspectores en relación a nuestra población tributaria: tres veces menor que la de ese club de países ricos llamado OCDE y cinco veces inferior a Francia o Alemania. Es curioso que ese fraude se concentre en esa poderosa minoría que está formada por las grandes fortunas y las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año. Y es más curioso aún que ese fraude fiscal se realice a través de la banca, la institución más importante que lo canaliza hacia los paraísos fiscales. Mientras estas cosas tan graves suceden, nos bombardean con consignas contra el impuesto de sucesiones. A los señores del PP y Ciudadanos les dejo aquí un texto sacado de nuestra Constitución. El artículo 31 dice en su primer punto: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”. En fin.