Diez años por la justicia social
Se cumple ahora el décimo aniversario de dos acontecimientos importantes, por un lado la aprobación de la ley de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, cercana al próximo 8 de marzo y por otro lado, ayer día 20 de febrero, se celebraba el día mundial de la justicia social, declarado así por Naciones Unidas hace diez años. Dos efemérides que están unidas por ese objetivo político de corregir desigualdades, situaciones de discriminación y avanzar en un mundo con mayor dosis de justicia social. Sobre la ley de igualdad hablaré en el próximo artículo, y quiero ahora poner el acento en algunos datos y realidades que nos permitan reflexionar sobre la realidad de la justicia social hoy en nuestro país. Hablamos de un principio fundamental para la convivencia, que constituye probablemente la misión más importante de cualquier organización o gobierno que pretenda promover el desarrollo y la dignidad humana. La sociedad del siglo XXI y la crisis con la que lo hemos iniciado, si algo ha cambiado son las situaciones de vulnerabilidad de las personas. Las necesidades sociales han cambiado, las circunstancias también, pero las respuestas sin embargo, están en los mismos valores de siempre: justicia, solidaridad, igualdad, libertad. Numerosos informes de organizaciones nacionales e internacionales ponen de manifiesto cada vez más los efectos devastadores de la crisis en la situación de millones de personas y familias. Somos el país de la OCDE donde más ha crecido la desigualdad y la precariedad laboral. Tenemos 1,4 millones de hogares con todos sus miembros en paro y 700.000 personas activas que no reciben ninguna prestación, a lo que podemos sumar los más de 6 millones de trabajadores y trabajadoras pobres que cobran salarios por debajo del salario mínimo. Las personas más ricas en nuestro país ganan siete veces más que las más pobres. Se han incrementado los indicadores de pobreza y exclusión social hasta situarnos en el puesto 24 de los 28 estados de la UE. Si hablamos además de las mujeres, sigue siendo el grupo de población que más duramente sufre las situaciones de injusticia social. Junto a la violencia de género se suma la bajada de la población activa, que el 82% de las cuidadoras principales de niños y niñas son las madres, frente al 4,8% de los padres, o que mientras la pensión media de los hombres es de 1.223 euros, la de las mujeres alcanza escasos 770 euros. Creo que las alarmas sociales han saltado hace tiempo en España y en el mundo, y ha llegado el momento de reconciliar de nuevo, el principio de libertad, que nos impone un neoliberalismo salvaje, con el principio de igualdad. Urge así, ofrecer respuestas y políticas públicas compartidas socialmente, para resolver los problemas de injusticia social que hoy sufrimos. Como nos guiaba el filósofo Rawls, hay que partir de nuevo de la estructura básica de la sociedad para redistribuir deberes y derechos que nos permitan reducir las bolsas de desigualdades que la propia sociedad genera. Tenemos que exigir a la UE y a nuestro gobierno una apuesta decidida por reformar estructuralmente las políticas del estado del bienestar que son las que nos permiten promover justicia social. Hay que volver a asumir un sentido público de la justicia y una concepción compartida de ella, donde como recordaba Rawls, las diferencias de intereses y objetivos de las personas, no afecte a la necesidad de establecer vínculos de “amistad cívica”.