Ley de dependencia
En el décimo aniversario de la norma; Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia; cabe indicar la apuesta por su desarrollo por la Junta de Andalucía, en especial, por la Diputación Provincial de Jaén y los ayuntamientos de nuestra provincia. La consolidación del derecho a la atención y a la mejora de la calidad de vida de las personas en situación de dependencia, de sus familias, de las personas cuidadoras, del sector profesional y de las entidades que trabajan en éste.
El sistema supone una auténtica inversión social, genera retornos sociales y económicos y es un impulso para el empleo. En esta década, se han creado miles de empleos en la provincia de Jaén para atender la dependencia. Conjuntamente con las entidades del sector servicios y en colaboración con ayuntamientos y Diputación Provincial de Jaén se ha avanzado para garantizar calidad y sostenibilidad.
Miles de personas han sido atendías a través de miles de prestaciones a la dependencia. Se ha producido un crecimiento del 2,5% anual del presupuesto para este servicio social. Han aumentado los servicios de proximidad como la ayuda a domicilio y la teleasistencia. Los ayuntamientos han puesto en marcha servicios de proximidad.
La provincia de Jaén financia más del 78% del sistema de dependencia y el gobierno de España menos de un 22%, cuando la ley indicaba un compromiso de financiación del 50%. La Junta de Andalucía ha reforzado un Plan de Prevención de la Dependencia y la Promoción de la Autonomía Personal de 1.765 millones de euros. En definitiva, la atención a las personas en situación de dependencia y la promoción de su autonomía personal constituye en nuestra provincia y comunidad autónoma uno de los principales restos de la política social. Estas administraciones andaluzas se han marcado el reto importante de atender las necesidades de aquellas personas que, requieren apoyos para desarrollar las actividades esenciales de la vida, alcanzar una mayor autonomía personal y poder ejercer plenamente sus derechos de ciudadanía. El reconocimiento de los derechos de las personas en situación de dependencia ha sido puesto de relieve por numerosos documentos y decisiones de organizaciones internacionales. Hay tres criterios rectores en las políticas de dependencia: universalidad, alta calidad y sostenibilidad en el tiempo de los sistemas que se implanten. En nuestra provincia se ha configurado un sistema integral de la dependencia desde una perspectiva global con la participación activa de toda la sociedad. Se han producido cambios demográficos y sociales provocando un incremento progresivo de la población en situación de dependencia, hay que tener en cuenta el importante crecimiento de la población de más de 65 años. Añadiendo el aumento del colectivo de población con edad superior a 80 años. Esto conforma una nueva realidad de la población mayor que conlleva problemas de dependencia.
Debe añadirse la dependencia por razones de enfermedad y otras causas, que se ha incrementado en los últimos años. La correcta aplicación de la Ley de Dependencia debe garantizar una financiación suficiente, impulsar servicios de calidad, simplificar y agilizar el procedimiento y reforzar la coordinación de los servicios sociales y sanitarios.