Memoria histórica en Andalucía
El pasado mes de marzo de 2017, el Parlamento de Andalucía aprobó la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, siendo presidenta Susana Díaz Pacheco y con el trabajo de la Consejería de Cultura, dirigida por Rosa Aguilar y su magnífico equipo de memoria democrática, que junto a los parlamentarios socialistas andaluces, y las asociaciones de Memoria Histórica han elaborado una ley con clara vocación reparadora con las víctimas y sus víctimas subsidiarias (familiares), una recuperación física y moral que cierra el círculo del duelo. Una ley que se sustenta en los principios de colaboración con los familiares de las víctimas, entidades memorialistas, ayuntamientos y diputaciones.
Una ley que desarrolla y perfecciona muchos de los aspectos de la Ley estatal 52/2007 de la Memoria Histórica, elaborada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.
Una ley continuadora de las políticas de memoria histórica llevadas a cabo desde el inicio de los gobiernos socialistas andaluces a través de indemnizaciones a las víctimas democráticas represaliadas por la dictadura franquista o a sus familiares, las actuaciones en fosas comunes y la creación del banco de ADN. Una ley que asume, en el marco de nuestra competencia, muchas de las recomendaciones y disposiciones de la Organización de las Naciones Unidas, y que desde el actual Gobierno central son incumplidas de manera sistemática como: resolución de la asamblea general de a onu de 1.992 sobre desapariciones forzadas; recomendaciones del relator de la Organización de las Naciones Unidas, Pablo Greiff, de 2014.
La ley consta de seis títulos y 55 artículos con un título preliminar y títulos para abrir fosas, identificación de las víctimas, reparación de las víctimas, lugares de la memoria histórica democrática, prohibición de exhibición pública y privada de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática, los documentos de la memoria histórica para su identificación, protección, consideración, integridad y acceso; reconocimiento del movimiento asociativo memorialista, grupo de trabajo para recopilar documentos y testimonios para establecer un informe sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas desde la guerra civil, dictadura y hasta la aprobación del Estatuto de Autonomía, creación de una Comisión de la Verdad cuyo trabajo se elevará al Defensor del Pueblo Andaluz y al Congreso de los Diputados; aprobación de un plan andaluz de memoria democrática de carácter cuatrienal, creación del Instituto Andaluz de la Memoria Democrática, importancia del conocimiento de la verdad para lograr los fines de esta ley, régimen sancionador por el incumplimiento de la ley: los ayuntamientos de Andalucía tienen 18 meses para la eliminación de los elementos que ensalcen la dictadura franquista.
En definitiva, hace esta ley un reconocimiento escrito y público a las víctimas democráticas andaluzas a través de la consecución de los objetivos de verdad, justicia, reparación y no repetición de los hechos trágicos acaecidos en Andalucía desde el 18 de julio de 1936 hasta el al 1981.