Un paso atrás
La polémica ha saltado de una manera explosiva. De repente algunos ciudadanos y parte de la clase política se han sentido indignados, ofendidos, agredidos, maltratados, pisoteados, por unas frases que están impresas en un autobús. El vehículo lleva escrito en su carrocería frases como estas: “Los niños tienen pene”. “Las niñas tienen vulva”. Frases que describen una realidad incontestable. Pese a ello la indignación ha llegado hasta el extremo de instar a la fiscalía para que investigue si esas frases son constitutivas de un delito de odio. Además el autobús ha sido inmovilizado. En esta España que presume de respetar la libertad de expresión no se entiende que se trate de censurar frases como las descritas. Además se dice que esta manera de expresar encierra alguna clase de xenofobia. No es sensato ni racional que expresar públicamente una realidad sea considerado como un presunto delito. Pero lo más grave es que algunos estamentos de la justicia como es la fiscalía se incorpore al equipo censor de una parte de la sociedad que no tolera y admite que haya personas que expliciten de una manera clara y rotunda lo que la sabia naturaleza nos depara. No se puede tolerar que en un país, donde la libertad es un tesoro, unos cuantos individuos traten de “encarcelar” realidades. Entiendo que haya personas pertenecientes a colectivos que defienden la diversidad sexual no compartan que hechos naturales sean difundidos públicamente, pero el autobús solo constata que es la naturaleza la que hace que existan hombres y mujeres. Considero que nadie se debe sentir ofendido ante lo que se encuentra rotulado en el “autobús de la discordia”. Las personas tienen derecho, si así lo sienten y lo desean a cambiarse de sexo, pero es compatible con las frases del autobús. “Los niños tienen pene”. “Las niñas tienen vulva”. De vez en cuando recordar esta obviedad es un buen ejercicio pedagógico que parece que algunos habían olvidado.
En estos tiempos en los que algunos partidos políticos hablan mucho de la desigualdad, a veces sus obras no coinciden con sus hechos. Dentro de sus competencias, algunas comunidades autónomas han establecido una presión fiscal que resulta abusiva e injusta. Así ocurre con el impuesto de sucesiones. No se entiende que un ciudadano andaluz en una herencia de 800.000 euros, soporte una factura de 164.000 euros. El ciudadano de Madrid por la misma herencia, le coste a pagar sea de 1.600 euros, cien veces menos. En el caso de un ciudadano de Canarias, su coste aún es más bajo 134 euros. Esta situación fiscal es una más de las diferencias que se producen entre ciudadanos de distintas comunidades autónomas. Ahora que en los últimos meses las entidades bancarias se han visto obligadas a devolver cantidades por cláusulas abusivas en sus contratos, no parece que sea justo esta fiscalidad desigualdad y abusiva para los ciudadanos por su distinto lugar de residencia.
Mientras la oposición insiste en dinamitar la reforma laboral que introdujo el Partido Popular, los datos del paro registrado conocidos estos últimos días, confirman que el pasado año se produjo el mayor descenso del paro en nuestro país dentro de la serie histórica. En diciembre de 2016 el desempleo se redujo en ochenta y seis mil personas. En los dos meses que llevamos de año 2017 el paro continúa bajando. Por sectores, los servicios y la construcción son los ámbitos en los que el paro ha descendido más. Las cifras de desempleo en España, que siguen siendo muy elevadas, ofrecen una tendencia descendente, también en meses difíciles, motivada, entre otros factores, por la marcha general de la economía española, dentro de un contexto de incertidumbre internacional. Esto obliga a reconocer que las medidas de política económica del gobierno de Mariano Rajoy están produciendo sus frutos. Dinamitar las bases de una reforma laboral que funciona supondría poner en riesgo el sistema que está permitiendo la creación de empleo, sin ofrecer una alternativa clara que funcione.
Se ha destacado que en el Congreso del PP, celebrado hace unos días, apenas se han producido cambios. Sin duda la elección de Rajoy y la confirmación sin apenas variaciones del equipo directivo de la formación apuntan en esa dirección. Pero de un modo casi inadvertido el PP ha modificado su postura de forma oficial respecto a algunas cuestiones esenciales. La regulación de los vientres de alquiler centró buena parte de los debates de la Ponencia Social. Se llegó a una solución de compromiso que aplaza la toma de postura del partido. Frente a quienes como Feijóo o Cifuentes defendían un posicionamiento favorable a esta práctica, se ha decidido seguir debatiendo la cuestión con la ayuda de expertos. Hubiera sido muy llamativo que el PP respaldara una práctica solo defendida por un sector muy minoritario de la sociedad española, práctica prohibida en Italia, Francia y Alemania. Legalizar los vientres de alquiler supone admitir la instrumentalización del cuerpo de las mujeres, sancionar un ataque a la dignidad de las madres, no lo olvidemos.