Desconcierto ciudadano

Ante el estupor de la ciudadanía, finalmente, el Tribunal Supremo se reunirá dentro de dos semanas para tomar una decisión “¿salomónica”? con respecto a quién corresponde pagar el impuesto “generado” por los actos jurídicos que se realizan al formular una hipoteca. Dudoso tributo que, hasta hace unos días, correspondía a los clientes y que tras una sentencia del propio tribunal pasaba a ser responsabilidad de la entidades bancarias. Sin embargo, en un despropósito colosal el Supremo tendrá que volver a reconsiderar la decisión, en lo que, a priori, supone una reconsideración en toda regla de una decisión tomada por una de sus salas, en concreto, la Sección Segunda de la Sala de lo Contenciosos, que fue la que dictó la sentencia el jueves pasado. La inseguridad jurídica, en cualquier caso, está servida, ya que la propia sentencia rompía con el criterio por ahora esgrimido en otras por el mismo tribunal, de ahí que tanto para compradores como para los bancos se abre un periodo de incertidumbre que, en teoría, durará hasta la próxima reunión donde se fijaría el criterio definitivo. Al margen de la chapuza jurídica que supone este episodio cabe exigir que se tomen medidas para aclarar responsabilidades, ya que no tiene sentido que la reunión se produzca “a toro pasado”, una vez que la propia sentencia tuvo, como era normal, una gran repercusión y una incidencia directa con el desplome de los bancos en la Bolsa. Ahora habrá que esperar a una postrera decisión que tendrá muchas lecturas y con la que, de nuevo, se pondrá en tela de juicio el papel del presidente y el control que sobre el Tribunal Supremo se ejerce desde el ámbito político. Más enredo por lo tanto.