Justicia igual para todos

14 dic 2017 / 08:46 H.

Fue una de las imágenes que marcaron la actualidad informativa de la jornada. Los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán se sentaron en el banquillo de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla junto con otra veintena de ex altos cargos. Se les acusa en el denominado procedimiento específico por el que se concedían las ayudas a los expedientes de regulación de empleo irregulares. La Fiscalía Anticorrupción cifra en un montante de 741 millones de euros. El juicio, que afronta estos días las cuestiones previas y que se retomará pasadas las Navidades, el 9 de enero, se promete largo y complejo. Tras la declaración entonces de los 22 acusados, comenzará la comparecencia de 117 testigos propuestos por Anticorrupción, las dos acusaciones ejercidas por PP-A y Manos Limpias y las defensas, y una docena de peritos que han realizado informes periciales sobre el objeto del denominado procedimiento específico. La Fiscalía atribuye a los 22 acusados un delito continuado de prevaricación, por el que pide diez años de inhabilitación, mientras que también ve responsables de un delito continuado de malversación de caudales públicos a 15 de los 22 ex altos cargos procesados. La justicia es uno de los pilares del Estado de derecho y juicios como el que acaba de comenzar vienen a demostrar que todos los ciudadanos, absolutamente todos, están obligados al cumplimiento de la ley, con independencia del cargo que hayan desempeñado o sean cuales sean sus lazos familiares —como se puso de manifiesto con el caso Urdangarin—. Sí sería deseable que casos de tanta trascendencia social no se demorasen tanto el tiempo, ya que hace 7 años que se comenzó a hablar de los ERE.