Reputación judicial en crisis

El Tribunal Supremo, en un giro legal sin precedentes, decidió dar la vuelta a la tortilla de la sentencia que resuelve quién debe pagar el impuesto sobre actos jurídicos documentados en la firma de las hipotecas. Hace tan solo quince días, la noticia que ocupó los titulares de los medios de comunicación fue un fallo judicial que puso en el tejado de las entidades bancarias el cargo de esta tasa. Sin embargo, la votación producida, el martes, en la Sala Tercera decidió justamente lo contrario y, de esta forma, todo regresa al punto de partida. Lo que ocurre es que, ahora, la situación no es la misma que hace quince días. Es, para los clientes que preparaban sus reclamaciones con todas las de la ley, algo parecido a despertar de un sueño y toparse de lleno con la realidad. La reputación del Tribunal Supremo se ve dañada por un cambio de opinión que hace pensar en las posibles presiones del poderoso sector bancario. Es importante tener en cuenta que el proceso de concentración del sistema financiero de los últimos diez años hace que su influencia en la toma de decisiones sea cada vez más importante. No obstante, cuesta creer que exista tanta connivencia judicial y bancaria y tan poca sensibilidad con asuntos de calado político y social. La desconfianza del ciudadano hacia el sector financiero y el descrédito de la justicia se acrecientan con este polémico episodio. Lo bueno, eso sí, es que las dos jornadas de deliberación acabaron con la incertidumbre jurídica. Lo malo es que incrementa el enfado de los clientes que llevan años de lucha y papeleo “mojado”. Y lo peor es que el Supremo perdió una oportunidad de oro para recuperar los niveles de crédito de los que, en otros tiempos, pudo presumir.