Torpeza política con retardo

El juego al cortoplacismo político tiene consecuencias cuando se posponen decisiones. El Gobierno perdió el pasado jueves la votación para aprobar el decreto que liberalizaba el mercado de la estiba en los puertos españoles. Finalmente, 175 votos en contra frente a los 142 a favor. El varapalo es importante y puede marcar la legislatura ante la debilidad de los acuerdos de gobierno “a priori” tan sólidos que aventuraba el PP y que, sin embargo, a las primeras de cambio están torcidos. Sin estabilidad parlamentaria suficiente no se pueden acometer decisiones de calado y se evidencia la fragilidad de un Ejecutivo incapaz de llegar a pactos con el resto de fuerzas políticas, con la salvedad del nuevo aliado del Partido Nacionalista Vasco. Pero en el caso concreto de la imperiosa necesidad de regular la estiba se añade la torpeza política manifiesta del Gobierno, que tuvo oportunidad de cerrar la cuestión cuando tuvo mayoría parlamentaria y se negó por táctica electoral e intentar evitar un conflicto social. En 2014 ya había sentencia europea que instaba a acabar con un monopolio que Europa no puede permitir. 22 millones de euros de multa después y con una sanción diaria de 134.000 euros, el Gobierno tampoco supo moderar la negociación entre la patronal y los sindicatos, lo que ha conducido al callejón sin salida actual. Con el agravante de haber dado más poder de negociación a los sindicatos, a los que ya se les han ofrecido unas buenas condiciones para llegar a acuerdos y unas prejubilaciones con excelentes coberturas. La pésima gestión política de este asunto deriva en una pérdida de confianza de los ciudadanos y de los propios organismos europeos que ven cómo se es incapaz de cumplir una sentencia.