A juicio por abrir una cantera que dañó una muralla romana

El Juzgado de lo Penal número 1 acoge hoy el juicio contra cuatro personas acusadas de un delito contra el patrimonio histórico. Presuntamente, participaron en la construcción de una cantera de áridos en las inmediaciones de la capital, lo que produjo daños en un yacimiento romano de gran valor. Entre los procesados está la arqueóloga que dirigió el proyecto de excavación. Junto a ella, también tendrán que sentarse en el banquillo el propietario de la parcela en la que se encontraba el yacimiento —ubicada en el cerro Cadimo—, el ingeniero técnico de minas que presentó el proyecto de la cantera ante la Junta y el constructor que realizó los movimientos de tierra en el solar. Para cada uno de ellos, la Fiscalía reclama inicialmente un castigo de dos años de cárcel. Igualmente, se cuantifica los daños en los restos arqueológicos en 478.400 euros.

El Ministerio Público sitúa los hechos el 23 de junio de 2011, cuando la arqueóloga y el dueño de la finca pidieron a la Delegación de Cultura un permiso para realizar una prospección arqueológica en los terrenos ante la sospecha de que en la zona pudiera existir un yacimiento. En una parcela cercana se habían encontrado restos históricos de gran valor durante la construcción de la balsa de Cadimo, una obra realizada por el Gobierno. La Junta detectó que había “un asentamiento antiguo de gran valor histórico”, por lo que el 2 de agosto comunicó al propietario y a la arqueóloga que no realizaran movimiento alguno en la parcela donde se ubicaría la cantera.

No obstante, la Fiscalía sostiene que el propietario desoyó esa orden y comenzó las excavaciones, “aún sabiendo que carecía de autorización”. Es más, el Ministerio Público asegura que los técnicos de Cultura visitaron los terrenos el 5 de agosto y comprobaron entonces la existencia de una cantera abierta: “No se habían realizado todavía los estudios arqueológicos previos y no había autorización alguna”, explica la fiscal Cristina Fernández en su escrito de acusación provisional.

El Ministerio Público aclara que el cerro quedó “completamente desmontado”, lo que afectó “directamente a la línea de muralla descrita para el espacio fortificado de época romana”. Con respecto al ingeniero, la fiscal aclara que presentó un permiso ante la Delegación de Innovación en el que, presuntamente, no hizo constar que la parcela podría verse afectada por un yacimiento arqueológico. “Al omitir ese dato en el plan de labores obtuvo el visado por parte de la Consejería”, añade el escrito de acusación.

La Fiscalía considera a los cuatro acusados coautores de un delito contra el patrimonio histórico y reclama un castigo de dos años de prisión y el pago de una multa de 6.480 euros para cada uno.