Ahorro del 40% con la gestión municipal de las multas

En un Ayuntamiento en quiebra técnica, la denuncia pública del PSOE, alertando de que el cambio realizado en 2015 en la gestión de las multas de tráfico apenas le ha reportado 869.000 euros en dos años “frente a los 1,5 millones de euros que —recordó Matilde Cruz— garantizaba la Diputación”, alienta la indignación. La consecuencia directa es la decisión municipal de recuperar la gestión y la recaudación en su totalidad, aunque, en un comunicado, el edil de Hacienda, Manuel Bonilla, argumentó que el motivo es la necesidad de “reforzar la autonomía municipal”.

Sea por una cosa o por otra, según sus estimaciones, esta medida ahorraría al Ayuntamiento un 40% en los costes medios anuales frente a los registrados en los dos últimos años, en los que ha estado privatizado de forma parcial, y entre un 50% y un 56% frente a los que habría, si se volviera a ceder su gestión a la Diputación, como aconseja el PSOE. En un comunicado, Bonilla explicó, ayer, que la gestión se reforzará con la actualización de la plataforma informática, “que estará operativa en el mes de marzo en periodo de pruebas y ya del todo en abril”, mes en el que Vialine ya habrá dejado de prestar sus servicios. En declaraciones a este periódico, precisó que la plataforma de gestión que se va a usar para multas es un módulo “gt-multas”, que ya tenía el Ayuntamiento y que se ha actualizado con la plataforma “gt-win” que se emplea para gestión y recaudación tributaria. Indicó que el coste de implantación del sistema será de unos 30.000 euros este 2017, “que solo se tendría en este ejercicio”, aclaró, y, además, está prevista otra inversión adicional para PDA’s y gastos de otros conceptos por valor de unos 35.000 euros entre 2017 y 2018. “También son gastos de implantación que se producirían por una sola vez”, apostilló. En cuanto a personal, no se estima un aumento de costes. En este sentido, explicó que, en diciembre, se reforzó la gestión tributaria con una adjunta a la jefa de sección y otro adjunto al responsable de la recaudación en vía ejecutiva. Las dos plazas estaban vacantes “y se han ocupado con un procedimiento interno con personal del Ayuntamiento”, dijo. Por lo tanto, según sus cálculos, el coste medio estimado en un año tipo, con unas 25.000 denuncias y una recaudación de un millón, sería de unos 110.000 euros. Comparó que el coste con Vialine es de 145.000, más la gestión en ejecutiva (unos 40.000 euros) que realiza la entidad local, y con la Diputación, “sería de entre 220.000 euros y 250.000”.