De Moya investigado por los pagos a una empresa cuando era alcalde

El secretario de Estado de Hacienda y alcalde de Jaén de junio de 2011 a noviembre de 2015, José Enrique Fernández de Moya, está investigado por los presuntos delitos de prevaricación administrativa continuada, falsedad en documento mercantil, malversación continuada de caudales públicos, cohecho y tráfico de influencias. Por estos cargos, el político jiennense tendrá que acudir al Juzgado de Instrucción número 2, el próximo 5 de junio, citado en la causa abierta a raíz de una querella interpuesta por el PSOE local. La denuncia se interpuso en diciembre de 2017 y se apuntaba a un exceso de pagos a la empresa Matinsreg, de Toro, de Zamora. Esta firma asumió el mantenimiento de las fuentes ornamentales, en sustitución de la anterior adjudicataria, Imesapi, supuestamente, sin pasar con todos los controles precisos para ello, a partir de agosto 2012.

En su momento, los socialistas ya advirtieron de pagos “de entre 4 y 28 veces más por productos como el cloro o los algicidas, usados en cantidades industriales que no casaban con el volumen de los surtidores”. El principal partido de la oposición acudió a la Fiscalía, en primera instancia, y la causa quedó archivada. El asunto, no obstante, no quedó olvidado y, hace 2 años, Jaén en Común, solicitó una comisión de investigación al actual alcalde, Javier Márquez, tras recibir un dossier anónimo en el que se hablaba de “comportamiento irregular” entre la Administración local y Matinsreg. La comisión no se convocó. Finalmente, el asunto regresó a los tribunales, con una denuncia interpuesta, nuevamente, por el PSOE. La Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil comienza a investigar los hechos y elabora un informe en el que se apunta que, en un documento firmado el 8 de agosto, se encomendó la prestación del servicio de mantenimiento de los surtidores sin cobertura administrativa ni contractual. Sin embargo, sí se aceptaban las facturas que la Benemérita consideraba como “falsas”, ya que se incorporaban “conceptos y servicios facturados no ejecutados realmente. Ello “supuso un mayor gasto para las arcas municipales, incrementando enormemente el precio de los servicios (en algunos casos no prestados) y los productos facturados (no empleados realmente) en el mantenimiento de las fuentes para generar un sobrecoste de considerable gravedad”. El auto judicial apunta a que el entonces alcalde, José Enrique Fernández de Moya, ordenó personalmente los abonos a la firma de Toro, en contra de los informes y reparos de legalidad que, constantemente, presentaba el interventor. Con estas advertencias, el funcionario aludía a la ausencia del procedimiento, soporte contrato o relación de toda índole de Matinsreg con el Ayuntamiento. Pese a la existencia de las negativas emitidas por la Intervención municipal, Fernández de Moya “ordenaba el pago sin justificación o motivación alguna que conste hasta la fecha en la causa”. Las facturas eran presentadas al Ayuntamiento por la empresa Matinsreg y aparecen, en su inmensa mayoría, conformadas por un técnico que también está llamado a declarar como investigado el próximo 5 de junio. Este obraba “sin comprobar la ejecución de los trabajos, ni el empleo de los materiales que se facturan”, apunta la Guardia Civil. De esta forma, “se provocó que la diferencia en la facturación por el mismo servicio de conservación de fuentes ornamentales, entre una empresa y otra haya generado un quebranto patrimonial para el Ayuntamiento superior a 3,6 millones de euros”. Junto a Fernández de Moya y al técnico municipal están llamados a declarar el responsable de Matinsreg, por la emisión de las facturas, y la concejal Rosa Cárdenas que, en agosto de 2012, en su condición de alcaldesa accidental, firmó la orden que supuso el encargo sin la supuesta cobertura administrativa ni contractual a la empresa.

Fuentes del entorno de Fernández de Moya, que aclaran que todavía no tiene notificación alguna de la citación judicial, explican que los reparos de la Intervención se levantaban con un informe de la Secretaría que avalaba la urgencia de esta medida, por la necesidad de prestar el servicio. El Partido Popular de Jaén, fuerza que presidió Fernández de Moya hasta mayo de 2017, emitió ayer un comunicado en el que, además de dejar claro su respeto por la acción de la Justicia, se muestra confiado en la honorabilidad de la gestión de José Enrique Fernández de Moya como alcalde de la ciudad y, en el caso de los surtidores, sostienen que se garantizó la prestación de un servicio clave. Los populares se muestran convencidos de que, como ocurrió en 2014, quedará acredita la legalidad del proceso y recuerdan que los informes del secretario municipal y las alegaciones del letrado del Ayuntamiento avalan que los trámites son correctos.