De Salud Responde al cierre de la cocina del Hospital Doctor Sagaz

La “continua externalización” de los servicios públicos es una de las denuncias “clásicas” del CSIF, especialmente preocupado, desde hace años, por los servicios telefónicos de emergencias, Salud Responde, 112 y 061, y más recientemente, con el cierre de la cocina de Hospital Doctor Sagaz y el transporte de los menús del Hospital Neurotraumatológico hasta este centro. Pero, hay más denuncia, desde algunos trabajadores del Plan Infoca; a monitores escolares, infantiles y de comedores; servicio de ambulancias; mantenimiento en los hospitales; limpiadores y empleados de la seguridad, entre otros muchos. “Esto es solo un ejemplo de la política de la Junta de Andalucía que mientras que defiende por un lado la necesidad de unos servicios públicos de calidad, reparte a empresas privadas la gestión de servicios esenciales”, afirma Joaquín Álvarez, presidente provincial de CSIF Jaén, que considera que la concesionarias buscan un rendimiento económico y lucro antes que ofrecer el servicio adecuado a la ciudadanía. Por otro lado, reflexiona que la externalización de los servicios públicos suelen generar precariedad laboral y una nula estabilidad. En concreto, en Salud Responde hay trabajadores que llevan muchos años con contratos de 8, 10 o 20 horas a la semana. Joaquín Álvarez reclama que la Administración, además de las herramientas e instrumentos se necesitan para desarrollar el servicio, se haga cargo de los profesionales que los atienden. Y como ejemplo pone los servicios telefónicos de emergencias, cuyas instalaciones son públicas, frente a las plantillas subcontratadas. “Es ilógico la falta de sensibilidad de la Administración tanto para los trabajadores que ven frustradas su necesidad de estabilidad, como para los ciudadanos. La pérdida de empleo público es notable, pero es la Junta de Andalucía la que ha visto mermada su plantilla en mayor cantidad, más de 2.200 en los últimos cinco años, entre otras causas, por la externalización de servicios”.

El secretario general de la CGT en Andalucía, el malagueño Miguel Montenegro, lo tiene claro, de las ocho provincias andaluzas, la más perjudicada por la “privatización” de servicios por parte de la Junta de Andalucía es Jaén, al recordar que una de las prestaciones externalizadas es la de Salud Responde, que tiene su central para toda la comunidad en la provincia. Desde este sindicato, que ya denunció que esta prestación se resiente, en momentos puntuales de la jornada, por la escasez de personal, están convencidos de que el informe del Defensor del Pueblo Andaluz traerá consecuencias que forzarán cambios en la Junta de Andalucía.

Primero, Montenegro confía en que la Justicia les dé la razón en los procesos abiertos contra esta práctica y anuncia que pondrá todo de su parte para que el Parlamento andaluz apruebe medidas que reviertan la situación. Por lo pronto, trabajan para mantener reuniones con el PSOE, el PP, Podemos, IU y Ciudadanos, los cinco grupos con representación en el hemiciclo para que atiendan las recomendaciones de la oficina que dirige Jesús Maeztu.

No solo CGT y CSIF están en contra de estos métodos de trabajo del Gobierno andaluz, CC OO también denunció recientemente que se gaste dinero en pruebas médicas, cuando hay recursos públicos, y la Plataforma por la Sanidad Pública y de Calidad de Jaén, convencida de que esta prestación se degrada, con el objetivo de entregarla finalmente a empresas privadas, estudia acudir a la Fiscalía y al Defensor convencido de la gravedad de un sistema que ponen “en evidencia”, con los datos del propio Sistema Andaluz de Salud, sin que se les pueda acusar de mentir.