Discriminados por ser gitanos

Con el principal objetivo de visibilizar y denunciar la discriminación que, aún en la actualidad, padece el colectivo gitano, la Fundación Secretariado Gitano hace pública la decimotercera edición del informe que relata los 202 casos registrados en el país a lo largo del último año, de los que 8 se produjeron en la provincia. “La tónica es la misma en Jaén que en el ámbito nacional, por lo que los sectores en los que más se producen este tipo de situaciones son el empleo, los bienes y servicios, la vivienda, la sanidad, la educación y los medios de comunicación”, explica Almudena Casas Caballero, técnico de Igualdad y Acción Social de la Fundación Secretariado Gitano.

Se trata tan solo de una muestra significativa, puntualiza, puesto que el informe recoge los casos que los afectados comunican directamente al colectivo o los que ellos detectan: “Una vez que conocemos la situación, el protocolo que seguimos es realizar una entrevista con la persona que ha sufrido discriminación y analizar las posibles pruebas para que el caso tenga consistencia y no se quede en el aire. Lo registramos en una base de datos, donde anotamos si es un caso individual o colectivo, los derechos vulnerados, una breve descripción de lo ocurrido y las técnicas de intervención para resolver la situación, como por ejemplo una mediación con la otra parte. El resultado depende de cada caso, porque muchos de ellos perduran en el tiempo hasta que sale el juicio”. Precisamente la búsqueda de pruebas, concreta Casas, es lo más complicado porque, pone como ejemplo, si en vivienda un particular no alquila el piso a una persona por cuestión de etnia, es complicado de demostrar al haber tan solo dos personas implicadas en la negociación. “Aun así, intentamos conseguir el máximo posible para, según los casos, poner hojas de reclamaciones, denuncia o lo que se estime conveniente”, apunta

De los ocho casos registrados en la provincia, solo uno llegó a los tribunales. Según explica la técnico de Igualdad y Acción Social, es la situación de un joven que quería alquilar un local para montar una bocatería: “Al principio le dijeron que sí porque la mediación la hizo su hermana, que no cumple con los estereotipos gitanos. Así que metieron los muebles y estaban con los preparativos, pero cuando el propietario se dio cuenta de que el chico era gitano le dijo que no”. Por la vía penal se archivó y, en la actualidad, el colectivo intenta que por la vía civil se reconozcan los derechos del muchacho: “Procuramos que todos los casos de discriminación lleguen a los tribunales, pero a veces se quedan archivados y en un papel, y eso produce al colectivo mucha frustración”.

También se da el hecho de que, en muchas ocasiones, son los afectados los que no quieren denunciar: “Es lo que ocurrió con otro caso recogido en el informe en materia de empleo en la provincia, de una chica que fue a hacer prácticas en una empresa, y, al segundo día, le dijeron que no volviera. Al parecer, la vieron hablando con una familia gitana que había robado antes en la tienda y, como ocurre con frecuencia, lo que hacen algunos lo pagamos todos”.

Con respecto al género, Almudena Casas apunta a que el 43 por ciento de los casos de discriminación registrados afectan a mujeres y el resto a los hombres. “Esa diferencia pensamos que se produce porque aún el colectivo no está del todo inmerso en el mundo laboral. Pero ellas sufren una doble discriminación: por ser mujeres y por ser gitanas”, argumenta Casas.

Datos con los que hacer visible una realidad que se da pese a los esfuerzos del colectivo por avanzar: “Hace diez años era impensable que los gitanos estudiaran en la universidad, y hoy tenemos a trece en la UJA”, destaca.