El alcalde dice que el PGOU está frenado por los “técnicos”

Ni los proyectos en marcha pueden acogerse al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1996, ni tampoco al documento que lo sustituyó, el PGOU de 2014, contra el que se presentaron dos recursos que supusieron que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía lo tumbara. Eso sí, se trata de un bloqueo de facto, que no tiene razón legal alguna, consideró el alcalde, Javier Márquez, que desveló esta situación que, directamente, atribuyó a la negativa de los técnicos de la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, a dar su visto bueno, con la firma correspondiente, a trámites que, a su juicio, no comportan riesgo alguno. “Esta situación no tiene que darse”, razonó el máximo responsable municipal que admitió que la ciudad está inmersa en un “ínterin”, motivado por los pleitos judiciales que hay interpuestos contra el PGOU y los recursos que tratan de ganar tiempo hasta su anulación.

Márquez hizo hincapié en que no hay problema político alguno en este caso y puso el foco en inversiones que podrían estar en marcha de forma mucho más rápida, como el Olivo Arena, el gran palacio de deportes que tiene que, con unas 6.300 localidades, tiene que ser la sede del Jaén Fútbol Sala en 2019. El alcalde también apuntó a una “guerra entre arquitectos” para explicar el supuesto retraso en la tramitación de licencias urbanísticas que denunciaron los colegios de Arquitectos y Aparejadores, además de la patronal de la construcción, al entender que mucho de los proyectos que se presentan en la Gerencia de Urbanismo no lo hacen conforme a la normativa vigente. De ahí que reste importancia a la denuncia que hicieron estos profesionales la semana pasada.

El alcalde también analizó otra demanda planteada a la Administración local, como es la exigencia de vecinos del casco antiguo, partidos e, incluso, la Junta, de que se ponga en marcha un plan específico para las faldas del castillo y otras zonas cercanas del casco urbano. Márquez atribuyó el problema al abandono de viviendas por parte de familias que no se pueden hacer cargo de herencias o que, directamente, desisten de ello al entender que no es atractivo mantener un inmueble en un área de la capital que, admitió, está devaluada.