El juez admite la denuncia del fiscal por la cantera
Cita como investigadas a ocho personas el próximo día 20
El Juzgado de Instrucción número 3 de Jaén ha admitido a trámite la denuncia de la Fiscalía por la explotación de la cantera de la Fuente de la Peña, en la carretera entre la capital y Los Villares. Así lo ha decidido su titular, el magistrado Miguel Sánchez-Gasca, quien ha citado para declarar en calidad de investigados a las ocho personas señaladas por el Ministerio Público. El juez tiene previsto interrogarlos el próximo martes, día 20, aunque algunos no comparecerán debido a su avanzada edad, tal y como explican las fuentes judiciales consultadas. Los investigados son los dueños de la explotación minera, los responsables de las empresas arrendatarias, el director facultativo de la cantera y un asesor técnico de Minas perteneciente a la Delegación de Economía y Empresa de la Junta. Se investigan supuestos delitos contra el medio ambiente, los recursos naturales y la ordenación del territorio.
Tras escuchar sus explicaciones y en virtud de la documentación aportada, el magistrado Sánchez-Gasca tendrá que decidir si paraliza la actividad extractora de la cantera, tal y como solicitó el fiscal como medida cautelar “encaminada a la protección de los recursos naturales y el medio ambiente”. No obstante, hay que recordar que la explotación está detenida por vía administrativa. Una decisión que está recurrida por la propia empresa en los Juzgados de lo Contencioso.
La denuncia de la Fiscalía, que fue presentada a mediados de febrero, es el resultado de más de un año de investigación. Para el Ministerio Público hay indicios de la comisión de delitos contra el medio ambiente y la ordenación del territorio: “No se ha cumplido con la obligación de restaurar”, asegura el documento, firmado por la fiscal Isabel Uceda. Algo de lo que responsabiliza a los titulares de la concesión minera, a los explotadores y al director técnico facultativo. En este sentido, el Ministerio Público apunta que la actividad se ha realizado “careciendo de licencia municipal y contraviniendo la normativa urbanística, territorial y sectorial”. Recuerda que la cantera está en un suelo no urbanizable de especial protección. “La actividad se ha mantenido sin que el Ayuntamiento haya realizado ni ordenado los correspondientes servicios de inspección ni haya incoado procedimientos para la reposición de la realidad física alterada, ni haya incoado procedimientos sancionadores contra los promotores”, añade la fiscal.
El decreto del Ministerio Público explica que todos “los incumplimientos legales” han generado “afecciones”, que además han estado agravadas por “la ausencia de medidas de corrección y restauración y por el abandono de la cantera”: “Han de entenderse como muy graves y con el riesgo de afecciones graves sobre el ecosistema global, con potencial repercusión en el hombre”. La Fiscalía sostiene que los movimientos de tierra, la extracción de grandes volúmenes de materiales y la construcción de caminos han supuesto “una modificación de la topografía original del terreno”.
El juez interrogará sobre todas estas cuestiones a los ocho investigados, que podrán aportar a la causa cuanta documentación estimen necesaria. La tesis del Ministerio Público es que los procesados se “saltaron” a sabiendas los requisitos establecidos en la licencia de actividad. La concesionaria siempre ha mantenido que cuenta con todos los permisos pertinentes y que ha explotado la cantera con la más escrupulosa legalidad.
La explotación de la cantera deriva de un contrato de arrendamiento con el Ayuntamiento de Jaén que se remonta al año 1972. Así, es el Consistorio el que concede la licencia de actividad y explotación de la explotación minera. Por otro lado, la Junta de Andalucía otorgó una concesión por 30 años que la Dirección General de Industria, Energía y Minas prorrogó en junio de 2012 por otros 30 años. Sin embargo, según Ecologistas en Acción, esa prórroga concedida por la Administración autonómica se hizo “pasando por alto” que los titulares no tenían autorización para la ocupación de monte público. Así, hablan de “diversos errores graves” en la tramitación del expediente. En virtud de estas supuestas irregularidades, el colectivo verde acudió a la Fiscalía, que abrió diligencias de investigación. En su denuncia, aseguran que la cantera podría estar trabajando sin las autorizaciones pertinentes y se ponía de manifiesto los daños a un conjunto de pinturas rupestres, declarado Bien de Interés Cultural. Durante más de un año, la Fiscalía estuvo investigando en unas diligencias previas que desembocaron en la presentación de una denuncia en los tribunales. Es la que ha sido admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción 3.