La Guardia Civil continúa con las citaciones a farmacéuticos

Tres farmacéuticos fueron arrestados, para posteriormente ser trasladados al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Jaén, el pasado 2 de febrero. Fue en el marco de una investigación, del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, el Seprona, que había detectado un supuesto fraude con las recetas. El delito que se trata de desenmascarar es sencillo, consiste en aprovechar que la Junta de Andalucía paga a las boticas parte de lo que se gastan en comprar medicamentos para obtener dinero de forma ilícita. Pero, para demostrarlo, el trabajo que tienen los investigadores por delante es ingente, tal y como apuntan fuentes del caso, sobre el que la Comandancia mantiene un prudente mutismo. Eso sí, no se niega que la labor policial está en marcha. Y es que, desde que se practicaron las detenciones, en Jaén y Huelma, que generaron un gran revuelo por afectar a un colectivo de gran prestigio, el Seprona no para de citar a compañeros de estos para declarar y requerirles documentación sobre la actividad de su negocio.

Del mismo modo que a hombres y mujeres que dispensan medicinas se les toma declaración desde hace ya “meses”, la Administración andaluza, que es la que maneja los fondos que se reparten entre las farmacias, en más de una ocasión tuvo que aportar datos requeridos por el Seprona, con el oportuno mandamiento judicial. Así se lo explicaron a este periódico las fuentes consultadas. Hay toda una amplia variedad de hechos que llaman la atención de los guardias civiles encargados del caso, aparentes irregularidades que van desde la reclamación al Servicio Andaluz de Salud del reintegro por la venta de fármacos no dispensados, a las recetas dispensadas a personas ya fallecidas o la venta de una marca concreta, en lugar del principio activo, tal y como obliga la legislación andaluza.

Tantas sospechas reunidas, apoyadas por una ingente documentación, hacen pensar a los encargados de las pesquisas que hay indicios para pensar, al menos, que las medidas de control que aplican las administraciones son, cuanto menos, mejorables; eso, por el momento, sin descartar algún tipo de connivencia para el supuesto fraude.

Al principio de saltar este caso a la opinión pública, curiosamente, a las puertas de que el Colegio de Farmacéuticos comenzara a celebrar su centenario, se hablaba de que el foco se había puesto en una decena de farmacias. Eran los primeros días del mes pasado y, actualmente, son muchísimas más, como se confirmó a este periódico. La investigación en sí echó a andar en verano y hay constancia de que el propio Servicio Andaluz de Salud, a raíz de una inspección, tuvo conciencia de algunas prácticas que le llamaron la atención, tanto que lo puso en conocimiento de la Fiscalía, que dio traslado al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción correspondiente. La entidad colegial “afectada” ya dejó claro que, llegado el caso, aplicaría el código interno hasta sus últimas consecuencias, lo que implica, en el peor de los escenarios, la descolegiación. No obstante, en una reciente conversación con Juan Pedro Rísquez, el presidente del colectivo profesional, pidió cautela cuando se aborden los avances de la investigación y las posibles consecuencias del trabajo del Seprona. El fiscal encargado de esta investigación dejó claro que, desde las tres iniciales, no se practicaron más detenciones y que es preciso analizar con detenimiento la gran cantidad de datos recopilados.