Niegan que “robaran” la lista de clientes a su antigua empresa

La Fiscalía mantuvo ayer su petición de cuatro años de cárcel para José Luis M. L. y Raúl S. Q., dos hombres acusados de “robar” la cartera de clientes de la empresa para la que trabajaban, dedicada a la prevención de riesgos laborales. “No hicimos nada de eso. Se dieron de baja por otras circunstancias, entre otras, porque no estaban recibiendo un servicio adecuado”, dijo uno de los procesados, desde el banquillo del Penal número 1, donde tuvieron que responder por un delito de revelación de secreto en empresa.

El Ministerio Público explica que los procesados dejaron “voluntariamente” su puesto de trabajo en septiembre y octubre del año 2013. Apenas un mes después, ambos fueron contratados por otra sociedad, dedicada al mismo sector. Lo que la Fiscalía sostiene es que ambos cogieron el listado de clientes y se lo llevaron a la nueva empresa para la que empezaron a trabajar, ocasionando un grave perjuicio económico. Incluso, está aportado en el procedimiento un correo electrónico en el que los dos acusados se intercambian esta información. De hecho, en muy poco tiempo, 700 de los 2.000 clientes que tenía la empresa inicial contrataron con la mercantil en la que estaban José Luis M. L. y Raúl S. Q. La denuncia se formalizó a raíz de que uno de los acusados visitara a un cliente con un contrato ya redactado en el que se incluían sus datos bancarios, tal y como confirmó ayer en el juicio: “Me extrañé mucho y llamé a la empresa”, explicó este testigo.

Los procesados negaron los cargos. Ambos explicaron que dejar el trabajo porque estaban viviendo una situación laboral que calificaron de “insostenible”. “No nos pagaban, no teníamos ordenadores ni contrataban médicos ni enfermeros, con lo que el servicio que se daba era pésimo”, explicó José Luis M. L. “Me debían tres meses y medio. No podía más. Me busqué la vida en lo que sé. Si hubiera sido albañil, me hubiera ido a la obra, pero soy técnico de prevención de riesgos laborales”, remarcó Raúl S. Q. a su señoría. Ambos señalaron que los clientes provenían de gestorías: “Éramos nosotros mismos los que habíamos conseguido esa cartera”, añadió uno de los acusados. Su abogado, al respecto, hizo hincapié en el informe final en que el listado no era secreto, sino que procedía de la propia actividad laboral de sus clientes: “Son datos públicos”, señaló el letrado Vicente Tovar. Con respecto a los correos electrónicos intercambiados, los acusados aseguran que ellos no los enviaron y que pudieron utilizar sus cuentas, ya que no estaban protegidas con contraseñas.

Sus explicaciones no convencieron a la Fiscalía, que mantuvo su petición de cuatro años de cárcel para los procesados, además del pago de una multa de 2.880 euros. Además, el empresario denunciante, que ejerce la acusación particular, asegura que tuvo que cerrar su sociedad como consecuencia de estos hechos. Por ello, se reserva las acciones civiles que pudieran corresponderle a la hora de pedir una indemnización por daños.