Piden un alquiler social para no verse en la calle con sus dos hijos
El día 24 de octubre está previsto ejecutar el lanzamiento de su vivienda a una familia de Villanueva de la Reina con dos menores de 12 y 6 años. El ayuntamiento no tiene alternativa habitacional. La Junta de Andalucía y el consistorio conocen la situación de desamparo y falta de recursos de Olga, su pareja y sus dos hijos menores.
Olga Fernández vivía en el año 2009 de alquiler en la vivienda de la que la entidad bancaria quiere desalojarla el día 24 de octubre, hasta que su propietario tuvo problemas con el banco para pagar su hipoteca y perdió la casa, que pasó a ser propiedad de la entidad bancaria.
En el año 2014 el banco cambió la cerradura de la vivienda cuando la familia no se encontraban en ella, por lo que la única opción posible fue ocuparla en precario por necesidad.
“Desde entonces no han dejado de pedirle a la entidad un alquiler social para vivir dignamente con sus hijos y sin miedo a ser desalojados”, recuerda Ana Cárdenas, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.
“No podemos consentir que desahucien a esta familia. Olga , como tantas familias en este país, no tiene trabajo y no percibe ninguna prestación contributiva, por lo que carece de recursos económicos suficientes para afrontar cualquier tipo de contrato de arrendamiento, teniendo en cuenta las condiciones actuales del mercado de la vivienda y los requisitos solicitados por los arrendadores. Además tiene dos hijos menores de edad, de 12 y 6 años”, insiste la portavoz.
“Hemos pedido al Ayuntamiento, a la Junta y a la Diputación que a través de sus oficinas de prevención, intermediación y protección contra los desahucios intermedien con la entidad bancaria y que se suspenda ya el lanzamiento previsto para el día 24 de Octubre, hasta tanto la familia tenga una alternativa habitacional. Los servicios técnicos y los servicios sociales comunitarios tienen que intermediar con el banco para conseguir un alquiler social para esta familia en su vivienda. Es la única salida posible y justa”, anuncia Ana Cárdenas.
“Todas las administraciones tenían que contemplar la urgencia en la búsqueda de dicha alternativa habitacional, como medida de prevención, con el fin de evitar una posición de sinhogarismo y, quedar expuesta, junto a sus hijos menores de edad, a una situación de exclusión residencial por carecer de recursos económicos. O se está con los bancos o con las familias. Es incomprensible que tres administraciones sean incapaces de buscar una alternativa habitacional o conseguir un alquiler social por parte de la entidad para una familia que se encuentra indefensa”, reitera la portavoz.