Prevenidos ante la nueva PAC

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se muestra satisfecho por el trabajo realizado con las Comunidades Autónomas en los últimos meses, para establecer las prioridades políticas con vistas al proceso negociador de la Política Agraria Común. Un trabajo, dijo, que se concretó con la realización de una evaluación global sobre los objetivos de la nueva PAC presentados por la Comisión, y la adopción de importantes conclusiones.

Así lo aseguró, tras la celebración del Consejo Consultivo de Agricultura y Desarrollo Rural, que se celebró en la sede del Departamento, en el que se dedicó una sesión monográfica sobre el futuro de la PAC posterior a 2020, cuyo proceso negociador proseguirá en el Consejo de la Unión Europea en 2019 bajo presidencias rumana y finlandesa. Planas informó sobre el calendario en el que se desarrollan las negociaciones de la Política Agrícola Común, indicando que, de acuerdo con las conclusiones del Consejo Europeo de diciembre, el acuerdo sobre el nuevo Marco Financiero Plurianual, de 2021 a 2027 no se alcanzará antes de otoño de este año, de manera que tampoco parece factible alcanzar, antes de esa fecha, un acuerdo político sobre el futuro de la Reforma de la PAC. A este respecto, dejó claro que las elecciones al Parlamento Europeo supondrán una ralentización del calendario negociador, de manera que la futura PAC no podrá entrar en vigor hasta 2022 o 2023. El ministro hizo hincapié en la necesidad de comenzar la elaboración de los planes estratégicos, de manera que cuando finalmente se establezca un plazo de presentación, España se sitúe en el grupo de cabeza de lo estados. A este respecto recordó que la elaboración del documento puede dilatarse durante dieciocho o veinte meses y que, la Comisión Europea, tardará a su vez, al menos, seis meses en aprobarlo y que, posteriormente, el Ministerio y las comunidades autónomas deberán hacer el correspondiente desarrollo legislativo.

Por tanto, en opinión del ministro, llegó el momento de que España comience a trabajar para diseñar el futuro de la PAC para la próxima década, y, de ahí, que anunciara la creación de un Grupo de Trabajo específico que celebrará su primera reunión en el mes de febrero. Planas hizo hincapié en el carácter participativo y abierto del proceso de planificación, de manera que el grupo de trabajo se reunirá con las comunidades autónomas, pero también con las organizaciones agrarias y ambientales y con todos los agentes sectoriales con voz en el proceso.

En relación con la labor del grupo de trabajo, Planas expuso su cronograma para el año 2019, durante el que se desarrollarán los trabajos de análisis de las necesidades de cada uno de los nueve objetivos específicos de la nueva PAC. A ese respecto, y habida cuenta del grave problema que supone para la agricultura y el medio rural españoles la falta del relevo generacional, propuso a las comunidades autónomas que se analice, desde todos los puntos de vista, los problemas relacionados con la incorporación de jóvenes a la agricultura, y la necesaria visibilización de la mujer rural. En paralelo, se abordarán los aspectos relativos a la rentabilidad y competitividad de las explotaciones agrarias y la gestión de riesgos, sin olvidar la situación de partida y las necesidades en materia de cambio climático y medio ambiente. Todo ello con vistas a concluir el proceso a finales de 2019, si bien, como se comprometió el ministro, el Grupo de Trabajo informará, periódicamente, de sus resultados al Consejo Consultivo a través de informes específicos. Adicionalmente a las reuniones que se mantendrán con las Comunidades Autónomas, Organizaciones Profesionales Agrarias, Organizaciones Medioambientales y Asociaciones sectoriales, está previsto celebrar en este semestre una conferencia abierta y participativa con la sociedad civil en la que se vaya dando cuenta de los avances realizados. El ministro también abordó la situación del agricultor genuino. No en vano, Planas dejó claro que existe un amplio consenso en dar un tratamiento diferenciado y preferente a los beneficiarios para los que la actividad agrícola es la principal fuente de ingresos, sin olvidar a los agricultores pluriactivos.