Regresan los juicios por casas ilegales en Plaza de Armas

Hace apenas una década, el urbanismo era (triste) protagonista de la actividad judicial. Prácticamente todas las semanas se celebraban juicios en los Penales jiennenses sentados en el banquillo de los acusados por atrocidades y desmanes urbanísticos. La guerra contra el ladrillo furtivo se convirtió en una prioridad, sobre todo a raíz de la operación “Malaya”. Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado realizaron numerosas operaciones con decenas de imputados y la Fiscalía llegó a crear una sección especializada en este tipo de delitos.

Ese frente común para poner freno a las construcciones ilegales dio resultado. Las decenas de condenas que se dictaron entre 2007 y 2014 hicieron que más de uno se lo pensara bien antes de levantar un chalé sin permiso y en terreno donde no se puede mover ni un gramo de tierra. Desde luego, también influyó la crisis económica en que los juicios por el urbanismo salvaje prácticamente se convirtieran, prácticamente, en testimoniales. Sin embargo, con la incipiente recuperación económica, han comenzado a detectarse nuevos casos. Hoy, tres jiennenses tienen una cita con el banquillo del Penal número 1 para responder por un delito contra la ordenación del territorio. Presuntamente, realizaron construcciones y movimientos de tierra en una de las zonas de la provincia más protegidas y, también, más castigadas por los furtivos del ladrillo durante la “década de los desmanes”: el yacimiento ibero de Plaza de Armas, en el Puente Tablas. La Guardia Civil y la Policía Autonómica llegó a detectar construcciones ilegales pegadas junto a la valla que delimita esta joya arqueológica, declarada Bien de Interés Cultural por la Junta.

El juicio de hoy hace referencia a “nuevas obras de edificación sobre una vivienda unifamiliar no legalizable”. Fueron denunciadas por la Policía Nacional a finales de marzo del año 2015. El fiscal habla de movimiento de tierras; de la construcción de un muro de contención de 14 metros de largo y tres de alto; de un forjado de viguetas para una cochera; de cerramiento de ladrillos y de colocación de puertas. Recuerda que están ubicadas en el entorno de protección del yacimiento Arqueológico del Cerro de la Plaza de Armas del Puente Tablas. “No son autorizables al ser incompatibles con el grado de protección y el uso del terreno”, señala el Ministerio Público en el escrito provisional de acusación contra los tres procesados. Se trata de los dos promotores y del constructor que realizó los trabajos, todos ellos sin antecedentes previos. El fiscal pide para ellos una condena de dos años de cárcel, que derriben lo construido al margen de la ley y que sean inhabilitados para ejercer profesiones relacionadas con el ladrillo.

En principio, los tres acusados niegan los cargos y pelearán para defender su inocencia ante la magistrada Valle Elena Gómez. Al juicio están citados como testigos y peritos los policías que levantaron el atestado y arqueólogos de la Delegación de Cultura.