Trifulca con dos alcaldes de por medio

El PP arremete contra el alcalde, Carlos Hinojosa, por la deuda de 92.109,29 euros por impago al Ayuntamiento de la empresa Aquasip Servicios Integrales para Piscinas S. L., en concepto de arrendamientos de la piscina municipal de verano, el restaurante anexo y el Espacio Joven El Silo, más el consumo eléctrico generado durante el arrendamiento. En un comunicado, los populares indican que la sociedad es propiedad de Cristóbal Rodríguez, alcalde socialista de Castillo de Locubín, como administrador mancomunado. Añade que se hizo con la adjudicación de la piscina en 2005 y dejó de pagar el alquiler en 2011, con débitos de 25.230 euros por este concepto acumulados hasta 2017.

En cuanto al silo, de acuerdo con los populares, la cantidad pendiente se cifra en 5.064 euros desde 2012 por la explotación de la barra durante los fines de semana en el conocido botellón, mientras que por consumo eléctrico habla de 61.815,29, de 2010, 2013 y 2014.

El portavoz municipal Marino Aguilera llama la atención sobre el hecho de que en este tiempo el Ayuntamiento, a través del alcalde, ha hecho “la vista gorda con el impago” sin resolver el contrato con la empresa ni emprender acciones legales para cobrar el dinero “a pesar de los requerimientos de pago remitidos”. En su opinión, esto prueba que Hinojosa estaba y está al tanto de la situación de impago y “de nuevo ha caído en su habitual dejación de funciones provocando un grave perjuicio para las arcas municipales”.

En este sentido, el portavoz del PP indica: “No solo los alcalaínos han dejado de percibir 92.000 euros por capricho del alcalde, sino que de nuevo se genera un agravio comparativo hacia los ciudadanos y empresas que sí pagan puntualmente sus obligaciones con el Ayuntamiento. Cualquier alcalaíno que se demore o no pague sus impuestos acaba asumiendo recargos o con su cuenta corriente embargada”, añade.

El edil popular tilda de “insulto a los alcalaínos” y “ataque a las arcas municipales” el trato de favor del alcalde Carlos Hinojosa con su compañero de partido” al permitirle mantener la gestión de la piscina a la par se generaba deuda, hasta que en el mes de mayo el PP se interesó por el asunto y solicitó acceso al expediente, “hecho que motivó la rescisión inmediata del contrato por parte del alcalde, de ahí la polémica por el retraso en su apertura”. Aguilera teme que una parte de la cantidad adeudada haya prescrito, “en cuyo caso no podría reclamarse”. Por ello, el PP solicitó un informe para que los servicios jurídicos municipales sobre el estado de la deuda. En el caso de que haya una parte prescrita, el PP no pedirá responsabilidades a Carlos Hinojosa.

RESPUESTA. El equipo de Gobierno expresa su postura a través de una nota enviada por el gabinete de prensa. El texto indica: “Como el propio PP indica en su información, el Ayuntamiento ha reclamado a esta empresa en concreto, a través de requerimientos, la deuda contraída y es por ello que finalmente se haya determinado rescindir el contrato, algo sobre lo que ya se viene trabajando, no desde mayo, sino desde mucho antes de mayo. Precisamente eso no es dejación de funciones, precisamente eso no es trato de favor y no por repetirlo va a conseguir engañar a la ciudadanía, porque la estrategia del ‘difama que algo queda’ ya es más que conocida por la población de Alcalá”. Con respecto a una supuesta “prescripción de la deuda” el PP recurre a la estrategia del miedo, tan característica de su partido, porque cree el ladrón que todos son de su condición y, evidentemente, al haber remitido los requerimientos oportunos con notificaciones, esa deuda no ha prescrito. La intención de Aquasip es pagar toda la deuda.

Es más, como el PP sabe, Aquasip ha presentado hace semanas un escrito en el registro municipal para que el Ayuntamiento proceda a liquidar esa deuda y compensar lo que corresponda por las inversiones realizadas en el inmueble y que quedan para el Ayuntamiento, algo también que han solicitado otras empresas y que está dentro de la legalidad. El comunicado sigue: “Llama la atención que el PP incida tanto en señalar al alcalde de Castillo de Locubín y no al joven empresario sin vinculación política que, desde hace veinte años, ha gestionado distintos negocios en las instalaciones vinculadas con la piscina de verano, pero de nuevo una estrategia más: la de persecución política. Si el PP tuviera el más mínimo indicio de fraude o delito habría acudido a la justicia. Como sabe que no hay nada destacable recurre a notas de prensa para generar ruido y confusión”.