UGT sopesa denunciar a Castillo por acusar a los empleados de robarle
El comité lamenta la desconfianza del empresario
La sombra de sospecha que la empresa Castillo ha arrojado sobre sus empleados, al afirmar que mantiene los tornos en los autobuses para controlarlos, porque “alguno de ellos le roba”, ha hecho tanto daño sobre el colectivo y los “desprestigia” de tal forma, que UGT no descarta emprender acciones legales. En un comunicado remitido a esta Redacción, el comité desmintió las “acusaciones” que la empresa vertió sobre los trabajadores en la Comisión Extraordinaria de Transparencia y Control de Concesionarias que se celebró el lunes, a raíz de que el grupo municipal de Jaén en Común (JeC) destapara, con informes de la empresa pública que inspecciona estos vehículos, que los tornos son ilegales. Y, además, ensalzó “la honradez y la profesionalidad” con la que los conductores desempeñan sus tareas. Niegan robarle a la empresa, “como esta dice”, porque, “dinero que falte, dinero que se les descuenta de la nómina” a los empleados. Y, además, según el presidente del comité de empresa, Juan Balbín. es “imposible” que algún empleado esté robando porque hay dos sistemas de control: el lector de tarjetas y los tornos, que la empresa coteja para corroborar el número de usuarios. Por lo tanto, considera el comité: “Acusar a los empleados de algo tan grave es demostrar la poca confianza que el empresario tiene en ellos”, a pesar de que “cumplen diariamente con creces el nivel de exigencia en tiempos y recorrido que suponen las órdenes que la empresa les da para realizar su trabajo con un alto porcentaje de seguridad diaria en los trayectos”.
Ante esta situación, el sindicato estudia la posibilidad de denunciar las acusaciones por el desprestigio que considera que supone para unos empleados que —se recordó en el mismo comunicado— “cumplen con las órdenes que les da la dirección de la empresa”; “órdenes de todo tipo que son más o menos aceptadas por los usuarios” y se lamentan de ser ellos quienes “soportan dichas quejas”. Este periódico intentó sin éxito conocer la versión de Castillo.
El PSOE aventura que la concesionaria del transporte público urbano pretende una “subida torticera” del billete de autobús amparándose en un “cálculo sesgado” del Índice de Precios al Consumo (IPC). En un comunicado, adelantó que la propuesta de la empresa Castillo es subir los precios calculando el IPC desde diciembre de 2015 al mismo mes del año pasado, que fue de media de un 1,6%. En opinión del grupo municipal, lo que procedería es actualizar este índice de acuerdo con la referencia que hace la Junta de Andalucía: de agosto a agosto de esos mismos años, que fue de un 1,5%. Calcularlo de la otra forma supone que el billete de autobús pasará de los 98 céntimos de euro actuales al euro, y ello —lamentó el partido en el mismo comunicado—, “sin que haya habido mejoras en el servicio y sí un retroceso en las prestaciones”. Concretó que los estudiantes han perdido la bonificación de sus tarjetas durante los fines de semana y el verano y criticó que aún no se ha iniciado la auditoría a la empresa acordada por el pleno de la Corporación, el año pasado. El PSOE suma a todo esto que, en los años de la crisis en los que el IPC ha sido negativo, el billete del autobús ha mantenido el mismo precio, sin que ese descenso repercutiera en el bolsillo de los ciudadanos “o, al menos, para repercutirlo en el servicio que se presta”.
denuncia. Con documentación de la empresa pública Veiasa (Verificaciones Industriales de Andalucía), JeC desvela, el 10 de octubre, que los polémicos tornos que controlan el acceso de viajeros en los autobuses públicos urbanos “no son legales por la falta de accesibilidad y el peligro” que suponen.
cambios. Una semana después, el edil de Personal, Miguel Contreras, anuncia una Comisión Extraordinaria de Transparencia y Control de Concesionarias y habla, por primera vez, de que se hacen pruebas para eliminar los tornos por otro mecanismo de control. El mismo día 16, JeC comienza una campaña en la que informa a la ciudadanía de los supuestos abusos de la empresa Castillo. Los empleados se quejan de sus efectos sobre ellos.
comisión. Se aprueba la supresión de los tornos, aunque hay diferencia de pareceres entre el equipo de Gobierno local, que promete que se hará “en los primeros meses” de 2018 y JeC, que exige la retirada “inmediata”.