Juicio por los planes parciales para la urbanización El Ferial

Casi cinco horas de juicio, numerosos denunciados y decenas de miles de euros en juego. Este es el resumen del juicio que se celebró ayer en Alcalá a cuenta de la negativa de propietarios —algunos, sobre todo de hazas pequeñas sí han abonado los honorarios— a pagar las cantidades que les reclaman los arquitectos Juan Carlos Sánchez-Cañete y Juan Francisco Almazán a cuenta de los planes parciales del sector S-3, El Ferial. Se trataba de un proyecto en la principal zona de expansión de Alcalá que, después de años de trámites, no llegó a ejecutarse.

La encargada de dirimir el complejo pleito es la magistrada Cristina Luis, titular del juzgado número 2. La vista se caracterizó por las referencias a numerosos documentos, la disparidad absoluta de versiones entre denunciantes y demandados y los reproches cruzados. El fondo del asunto es que Juan Carlos Sánchez-Cañete presentó un plan parcial en 2007 y, al no salir adelante, otro en 2008, ya en colaboración con Juan Francisco Almazán, que llegó a aprobarse inicialmente. En esos años y los anteriores hubo múltiples contactos con parcelistas y con el Ayuntamiento. Finalmente, propietarios encargaron otro plan parcial al arquitecto Antonio Aguayo, acabado en 2011, pero que se encuentra en “stand by” por la crisis. En la sala, la estrategia de los parcelistas en su intento de “escurrir el bulto” fue variada. Algunos esgrimieron que ellos no habían encargado trabajo alguno ni habían firmado documentos en este sentido. De manera puntual, se llegó a argumentar incluso la falsificación de alguna rúbrica. Entre los denunciados también se encontraban representantes de varias constructoras locales.

En el caso de Antonio Molina, ya jubilado, repitió por activa y por pasiva que a los propietarios les resultaban desorbitadas las cantidades reclamadas y que habían requerido en múltiples ocasiones a Sánchez-Cañete para que les facilitara un presupuesto, que ya se les facilitó demasiado tarde. Por su parte, el profesional dejó claro que los honorarios son los que marca el colegio y que los parcelistas fueron avisados de ello en una reunión. En su declaración, el presidente de la cooperativa Santo Domingo de Silos aseguró que un logotipo de su empresa que aparecía en un documento había sido falsificado.

Por otro lado, la representación letrada de los denunciantes dio a entender que, en un principio, existían dos grupos de propietarios, los que querían desarrollar el sector y otros, con la cooperativa al frente, que eran reacios. Puso sobre la mesa los reparos puestos por la Administración local en la elaboración del primer plan parcial. En el juicio quedó claro que Antonio Molina medió para superar estas pegas municipales.