Alivio entre los regantes tras la anulación de liquidaciones

Los regantes de comunidades ubicadas en las Vegas Altas del Gudalquivir manifiestan su alivio después de conocer el compromiso del Gobierno central de desistir en su intención de reclamarles una cantidad que, de acuerdo con sus cálculos, rondaría los tres millones de euros. Durante una reunión con representantes del Ejecutivo, los afectados recibieron garantías de que se revertiría la reclamación del dinero por parte de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa), del importe de las obras de modernización ejecutadas en 2015, después de que no pudiera disponerse de fondos europeos. Los afectados esgrimieron el convenio y plantearon manifestación si no había marcha atrás. El número de afectados ronda los setecientos —sobre todo en los términos de Villacarrillo, Santo Tomé y otras áreas del curso alto del río Guadalquivir— y el importe en juego en Jaén, los tres millones.

Tras la entrevista con responsables gubernamentales, encabezados por el secretario general de Agricultura, Carlos Cabanas, los regantes confían en que la solución sea definitiva. Juan Carlos Muñoz, del sector I, cifra en unos 520.000 euros el importe que se les exigía. “Era casi más de lo que habíamos pagado ya”, apunta. Según sus estimaciones, la demasía rondaría los tres mil euros por cada hectárea, por lo que califica de “inasumible” la pretensión. Muñoz da las gracias, por su implicación, a la UPA, representada por su secretario provincial, Cristóbal Cano, y al PSOE, a través del diputado Felipe Sicilia, la senadora Elena Víboras y la portavoz y edil villacarrillense Ana Delia Estrada, entre otros responsables. En cambio, resalta la “falta de apoyo” por parte del alcalde de Villacarrillo, el popular Francisco Miralles.

Por su parte, José Gilabert, del sector II, señala que la promesa verbal debe plasmarse en documentos para que la decisión sea definitiva y el asunto esté arreglado de manera formal y “sin medias tintas”. Valora la unidad de la Federación de Regantes, el respaldo socialista y de la UPA para “ejercer presión” y el cambio de postura del Gobierno que, ahora, justifica su postura en un informe de la Abogacía del Estado.

El secretario provincial de UPA, Cristóbal Cano, indica que los trámites para la solución del asunto tardará todavía unos meses. Destaca la labor desde el pasado otoño, con reuniones como la celebrada en Mogón. Ante los últimos acontecimientos, anuncia la suspensión de las asambleas convocadas al respecto en Úbeda, Cazorla o Torreblascopedro. El representante de la organización expresa su satisfacción.