Comisión de investigación en La Carolina por una sentencia

La comisión de investigación es una figura bastante infrecuente en los ayuntamientos. Sin embargo, el de La Carolina rompe esquemas y constituye una para determinar y depurar responsabilidades políticas por la condena al pago de cuatro millones de euros determinado, el pasado mes de abril, por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). La operación que dio lugar a la resolución se remonta a 1996, cuando era alcalde el popular Ramón Palacios.

La constitución de la comisión especial fue decidida en un pleno municipal celebrado en septiembre. Hace veintiún años, responsables municipales decidieron modificar el planeamiento urbanístico para incorporar parte de la propiedad de una particular —unos terrenos próximos a la carretera de El Centenillo— como parcela de equipamiento uso deportivo. La Administración local se comprometía a incorporar la finca al patrimonio municipal mediante el procedimiento de la expropiación y el suelo quedó “reservado”, sin que su dueña pudiera disponer del bien. Pasaron los años sin que el Ayuntamiento se hiciera cargo de los terrenos en cuestión, de manera que la particular “ante la pasividad” municipal reclamó que se ejecutara la expropiación. En 2006 el asunto derivó en un pleito. Fue en noviembre de 2006. Desde entonces, este pleito se ha dirimido en los tribunales de Justicia.

La sentencia del TSJA obliga a hacer efectiva la expropiación de los 41.000 metros cuadrados, situados en el paraje La Torrecilla. De las arcas municipales deben salir 2,69 millones —según la tasación de 2006, en pleno auge del sector inmobiliario—, más alrededor de 1,3 millones por los intereses de demora transcurrido en el periodo de más de una década que separa la presentación de la denuncia y el fallo final.

Por lo que respecta a la comisión de investigación, estará presidida por la alcaldesa, la socialista Yolanda Reche, o el edil en quien delegue. Habrá vocales de todos los grupos políticos representados en la Corporación Municipal —el PSOE, el PP, IU y el grupo independiente PINP—. Hará de secretario el del Ayuntamiento o un funcionario en quien delegue. Cualquier autoridad, o empleado citado deberá comparecer ante al objeto de aclarar las preguntas que se planteen. El órgano extraordinario se extinguirá, de manera automática, una vez que haya hechos públicos el dictamen o las conclusiones sobre el caso. El funcionamiento se ceñirá a lo dispuestos en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986. El acuerdo para la puesta en marcha ha de notificarse a los partidos carolinenses para que designen a sus respectivos representantes.

En mayo, tras conocer la sentencia del TSJA, Yolanda Reche se refinió a la condena como “palo muy gordo” por su impacto económico. Igualmente recordó que el entonces alcalde, Ramón Palacios, se mantuvo en el cargo hasta 2011. Para ella, la condena es consecuencia de una “irresponsabilidad política” de aquella etapa del PP, pues tras modificar la calificación de esa parcela, durante más de ocho años, no hizo nada e incumpliera el compromiso. Destacó que ella se encontró con el pleito al llegar al puesto en 2015.