Descontento con la tasa para los caminos de Los Villares

El alcalde anuncia que las alegaciones presentadas se estudiarán

13 feb 2017 / 11:32 H.

La tasa, de diez euros por hectárea, aplicada por el Ayuntamiento de Los Villares a los propietarios de parcelas agrarias para el arreglo de caminos, levanta polémica. Afectados por la medida expresan su disconformidad y llegan a tildar la decisión de “impuesto revolucionario”. Algunos de ellos han presentado alegaciones. Entre los argumentos para rechazar el gravamen y pedir la devolución del dinero están que se cargan, incluso, las parcelas que tienen acceso directo desde alguna de las carreteras del término municipal y que el importe es igual tanto para quienes tienen sus fincas a principio de los carriles como para quienes las poseen más hacia adentro y, por tanto, hacen un uso más intenso del vial. Por otro lado, arguyen que el pago no les garantiza que el camino del que se benefician sea arreglado, por lo que carece de la contraprestación que caracteriza a toda tasa.

En los escritos para oponerse, entre otras consideraciones, se esgrime que su entrada en vigor fue el 18 de enero de 2016 pero se intenta cobrar una cantidad correspondiente a todo el año pasado. Tambien se considera que no se ha respetado el periodo de alegaciones al padrón establecido, al estar el periodo de cobranza abierto entre el pasado 22 de noviembre y el 23 de enero de 2017, y se incumple la normativa fiscal en perjuicio de los contribuyentes. Otro postulado contrario a la tasa es que contraviene la propia ordenanza de caminos, que —afirman— no la contempla entre las opciones para financiar mejoras.

La visión del alcalde, el popular Francisco José Palacios, es totalmente distinta. Admite que hay controversia, pero asevera que la mayoría de los parcelistas ha pagado. Garantiza la legalidad de la disposición y destaca que el PSOE la apoyó, aunque pedía que la cantidad fuera más baja. Sobre las alegaciones anuncia que se estudiarán y que, en el caso de propietarios de fincas con acceso directo desde carretera o con terrenos de monte, se producirá una exención o una reducción de la cuota. Palacios sostiene que no se modulará el precio en función de la ubicación de las tierras al principio o al final de cada camino. Por otro lado reconoce que este primer año será el más complejo, de manera que deberán detectarse errores y realizarse modificaciones y comprobaciones de datos. A su juicio, la cuantía aplicada no es excesiva. Asimismo apunta que las previsiones eran recaudar unos 76.000 euros, aunque puede que esa cifra no se alcance. Sobre la utilidad de la tasa precisa que ya se han ejecutado obras por 40.000 euros y continuarán tras la campaña de la aceituna. El alcalde explica que el Ayuntamiento también colaborará con la aportación correspondiente a sus fincas públicas y con el destino de medios del antiguo PER para acondicionar la red de caminos villariegos.

Pleito del Ayuntamiento con el fin de no devolver a la Junta una subvención
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La Consejería de Agricultura reclamó al Ayuntamiento la devolución de una subvención de 125.000 euros otorgada para el arreglo del carril de La Guindalea. En un documento de 2014 la Junta de Andalucía justificaba el requerimiento para reintegrar los fondos de la Unión Europea en suspuestas irregularidades. Entre otras consideraciones, la administración autonómica alega supuestas “irregularidades” en la justificación, al haber abonado el Ayuntamiento una factura de 100.000 euros con antrioridad al acta de comprobación de replanteo y al contrato suscrito entre la empresa beneficiaria y el Ayuntamiento.

Francisco José Palacios asegura que presentó un contencioso y que la Justicia ha paralizado la devolución. El alcalde acusa a la Junta de “parcialidad y de tener una actuación, cuando menos, inapropiada, por no decir irregular”. “Se fundamenta en unos documentos poco sólidos. El Ayuntamiento pagó el camino completo y lo ejecutó dentro del plazo. Eso es demostrable. El problema surge por unas cuestiones formales con poco fundamento”, recalca. El pleito —remarca— se debe a la intención del equipo de Gobierno de que los vecinos y las arcas municipales no resulten perjudicados.