Sucesión de denuncias por los altercados de Cazalilla
Está bien, que todo el mundo se quede tranquilo”. Es uno de los mensajes que circularon por las redes sociales después de los altercados sufridos, el pasado martes, en Cazalilla tras el lanzamiento de la pava.
Y es que en medio de la trifulca, el verdadero protagonista de la jornada quedó olvidado y escondido. Así, según explicaron a este periódico algunos vecinos —que no quisieron identificarse— el animal no sufrió en ningún momento y, para demostrarlo, enseñan las fotos en el que la pava pasea por lo que parece ser un cuarto de baño de una casa.
Sin embargo, los activistas por los derechos de los animales que se trasladaron desde Madrid hasta Cazalilla explicaron a este periódico que uno de ellos consiguió coger la pava pero que vecinos “le empezaron a dar patadas para que la soltara”. Denuncian que al animal le tiraron de las patas, de las alas y del cuello, por lo que, a su juicio, sí que sufrió. Además, matizan que no tienen nada que ver con los participantes en la concentración autorizada que se llevó a cabo en otro punto del municipio
Por su parte, el Partido Animalista Pacma acusa a los cazalilleros, “con el beneplácito del Ayuntamiento”, de preferir eludir la normativa legal y pagar los 2.001 euros de multa que supone la infracción tipificada como muy grave por la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de Animales de Andalucía, antes que renunciar a la que calificaron como “deplorable costumbre”. “Incluso, días antes, reúnen en un fondo común el importe para asumir la sanción por el delito cometido”, alertan. Por eso, han presentado una querella contra Juan Balbín, alcalde, por haber consentido la celebración.
La Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales (Anpba) va a interponer denuncia administrativa ante la Junta por el lanzamiento desde el campanario de la parroquia de Santa María Magdalena de Cazalilla. “Solo hay una manera de acabar” con esto y es que el Gobierno autonómico deje de imponer sanciones tan exiguas e insuficientes”, recriminó la asociación, que apuesta por castigos más duros. Finalmente, el subdelegado del Gobierno, Juan Lillo, valoró la intervención de la Guardia Civil para que “no hubiese mayores consecuencias”. Precisó que la labor de la Administración es controlar el orden público, de manera que se preparó “el dispositivo conveniente por si había algún altercado” que “rápidamente se interviniese y no hubiese mayores consecuencias”.