La condena de 4 millones a La Carolina llega al pleno

La alcaldesa de La Carolina, Yolanda Reche, dio cuenta al pleno ordinario de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que obliga al Ayuntamiento a pagar 2.669.000 euros, más los correspondientes intereses de demora, que elevan el pago a 4 millones de euros, por la expropiación de unos terrenos que fueron recalificados en 1996 y clasificados nuevamente en 2011.

En la sesión plenaria, la regidora presentó el informe elaborado por los servicios jurídicos municipales en el que se recogen todos los documentos del expediente y las acciones realizadas por el Ayuntamiento con relación a los terrenos, situados en la finca conocida como Las Torrecillas.

De acuerdo con el informe, en 1996, el equipo de Gobierno que presidía Ramón Palacios aprobó la modificación puntual de las normas urbanísticas para reclasificar una parcela situada al sur de la carretera de El Centenillo, de 21.000 metros cuadrados de suelo rústico, en urbano, con carácter de sistema general para uso deportivo a obtener por vía de expropiación.

Tres años más tarde, en 1999, la zona calificada aumenta a 40.300 metros cuadrados por una nueva modificación puntual. Años más tarde, en 2011, con la adaptación de las Normas Subsidiarias a la Ley Orgánica de Urbanismo de Andalucía, el equipo de Gobierno de ese momento decidió convertir esa parcela en suelo urbano consolidado. Sin embargo, se trata de una parcela en la que hay 500 olivos y que no tiene ni calles delimitadas, ni acometidas para suministro eléctrico o de agua.

Mientras tanto, en 2005, la propietaria insta a que se proceda a la expropiación de los terrenos, una solicitud a la que “nos consta respuesta municipal”, expresa Reche. Un año más tarde, la propiedad pide a la Comisión Provincial de Valoraciones que inicie el expediente para fijar un justiprecio. La comisión pide a la interesada que complete el expediente y, ante su falta de respuesta, lo archiva. Sin embargo, en 2010 se inicia el expediente de expropiación y la denunciante presenta a la comisión una hoja de aprecio en la que valora en 4.928.000 euros los terrenos, en los que existen 500 olivos. El Ayuntamiento no aporta ningún documento contradictorio y la comisión fija, a finales de ese año, el valor de la finca en 1.519.108,50 euros. El fallo del TSJA responde al recurso contencioso administrativo interpuesto por la propietaria contra la valoración de la comisión. La alcaldesa señaló que ya pidió a los técnicos municipales que valoren las medidas que puede adoptar el Ayuntamiento ante esta situación y dadas las dificultades para afrontar el pago de una deuda que, con los intereses de demora acumulados, supera los 4 millones de euros. En este sentido, Reche calificó de “herencia mortal dejada por Ramón Palacios” esta importante deuda para las arcas municipales.