La Junta trabaja “sin descanso” por salvaguardar a los menores

Tres semanas han transcurrido desde que una supuesta agresión sexual a un alumno de 9 años por cuatro compañeros de entre 9 y 12 años, “en horario escolar”, en un centro de la comarca de Cazorla conmocionara a toda la sociedad. Activados todos los protocolos e iniciada la investigación desde el primer minuto, la consejera de Educación de la Junta de Andalucía, Sonia Gaya, compareció en la tarde de ayer en la Comisión de Educación del Parlamento para informar sobre las medidas que puso en marcha la Consejería de Educación ante los casos de violencia escolar con especial atención al registrado en la provincia de Jaén. Lo hizo a petición del grupo de Ciudadanos, del Partido Popular y el PSOE. La principal premisa de la máxima responsable educativa en Andalucía fue que la investigación continúa en el centro por parte de la Inspección, que está en continuo contacto con las autoridades, tras haberse aplicado todos los protocolos y trabajar en coordinación con la Consejería de Bienestar Social.

La comparecencia no aportó datos sobre los resultados de la investigación ni novedades especialmente destacables. Sí defendió Gaya que en casos como este “no todo vale” y que, al tratarlo, en cualquier foro ha de hacerse con “sensatez, rigor y sensibilidad”. Aseguró que se trabaja teniendo en cuenta el “interés superior” que, en este caso, es la “protección” de los menores”. De ellos, apuntó, y su entorno. “Hay que hacerlo con todas las cautelas para proteger el anonimato”, apuntó. Sí enumeró todas las acciones y programas de la Junta por la convivencia escolar, para la eliminación de la violencia. Y pidió al resto de grupos no sacar “conclusiones anticipadas” ni hablar de “fallos del sistema” antes de que los resultados de la investigación estén sobre la mesa. Y propuso, de esta forma, un acuerdo para “sacar los casos de violencia escolar de la escena política”. Además, tendió la mano para la creación de una subcomisión sobre acoso escolar. Las intervenciones de los grupos de la oposición, como agradeció la consejera al final, tuvo un tono serio y respetuoso y se analizó la situación con “críticas constructivas”. Tomó la palabra Antonio Maíllo, por Izquierda Unida. Pidió una investigación “objetiva y garantista” y planteó si se actuó conforme estaba previsto, si “hay lagunas aun cuando se cumplen los protocolos”. Preguntó si existen nuevos procedimiento en los planes de convivencia o nuevas fórmulas de organización de las guardias en los recreos y horas lectivas, además de pedir conclusiones de los informes extraídos de la Dirección del centro y la Inspección. Gaya, en este sentido, le pidió “más tiempo” para que finalice la investigación. Cuando lo haga, adelantó, llevará todos los datos a la comisión.

Ciudadanos, con María Isabel Albás, planteó que “algo no se está haciendo bien cuando el acoso escolar está a la orden del día”: “No es que no se haga nada, pero no tenemos resultados”. “Estaremos pendientes de las conclusiones de esa investigación”, dijo, al tiempo que tendió la mano para trabajar juntos para luchar contra la violencia infantil y prevenir estos casos. Igualmente lo hizo la portavoz del PP, María Francisca Carazo. Mostró la preocupación por la detección de problemas como estos y la recuperación de las víctimas. “No creemos que la solución última sea trasladarlas de centro. Y nos preocupan los agresores, la expulsión no es la única solución. Igualmente nos preocupan los que callan por miedo”, aseguró.

Por Podemos, Libertad Benítez pidió también “prudencia y cautela”, pero resaltó que “hay que hacerse muchas preguntas y buscar respuestas”. Criticó que hay “muchos protocolos pero pocos recursos para aplicarlos en las escuelas” y defendió que la reflexión debe afrontar “todas las formas de violencia social que desembocan en las escuelas”. Del PSOE, Adela Segura defendió que su grupo “cree” en el trabajo que se realiza y la coordinación con la estructura existente entre las diferentes consejerías.