Las casas en ruina de La Guardia siguen sin solución

Los vecinos sintieron las paredes crujir y el suelo se rebajaba, que las tuberías del agua reventaban, incluso que las puertas, fuera de su marco, resultaba imposible abrirlas. Fue en diciembre de 2015 cuando cinco viviendas municipales quedaron totalmente en ruinas y tres de propiedad privada sufrieron cuantiosos daños, en la Plaza de Vista Alegre de La Guardia. Sufrieron algo así como un “temblor de tierra”, tal y como describió el alcalde Juan Morillo. Pero no se trataba de ningún terremoto, sino de una descomunal rotura de la red de abastecimiento de agua, que afortunadamente no causó daños personales. La fuga de agua provocó que las familias de este humilde barrio tuvieran que ser realojadas en otras viviendas de alquiler, tal y como afirmó el alcalde, son sufragados por el Ayuntamiento.

Hace más de un año y el arreglo de estas viviendas continúan sin solución. La empresa concesionaria del suministro del agua y el Ayuntamiento, a través de las respectivas aseguradoras, no llegan a un acuerdo sobre quién es el culpable de “tal desastre” y, por tanto, tiene que hacerse cargo de la reparación de los inmuebles y de la plaza. Ante tales desencuentros, el alcalde de La Guardia, Juan Morillo, pone en manos de la Justicia la situación. “De forma irresponsable y con falta de humanidad”, así juzga el alcalde la respuesta que a lo largo de este año recibieron de la concesionaria. Al no hacerse cargo ni ella ni la aseguradora de los daños ocasionados, que mantiene desalojadas a varias familias, el regidor anunció que el caso acabará en los tribunales. No es una decisión del equipo de Gobierno en solitario, sino que cuenta con el respaldo de la Corporación. Por este motivo, entregó, la pasada semana, toda la documentación del expediente relacionado con el hundimiento de las casas de Vista Alegre en el Consejo Consultivo de la Junta de Andalucía en Granada. “Contamos con dos meses hasta que se pronuncie el órgano, que en caso de que no se llegue a un acuerdo, será el paso previo para acudir al juzgado contencioso-administrativo”, indicó Morillo, quien se muestra convencido de que la Justicia les dará la razón. Según el cálculo realizado por los técnicos, los daños causados como consecuencia de la fuga de agua ascienden a unos setecientos mil euros. “Vamos a llegar hasta el final y tenemos claro que, en caso de que la Justicia condene a la empresa concesionaria del suministro del agua, rescindiremos el contrato que tenemos con ellos durante 25 años, porque entendemos que lo han incumplido”, apostilla Juan Morillo.

El epicentro de este derrumbe se situó en una zona humilde del municipio de La Guardia, del área metropolitana de la capital. El Ayuntamiento construyó estas viviendas para destinarlas a situaciones de emergencia social. Un año después, estas cinco viviendas de titularidad municipal se encuentran declaradas en estado de ruina y, por tanto, inhabitables.