“Cruce” de comunicados entre el Ayuntamiento y UGT
FeSP UGT califica de “irresponsable” la paralización del trámite de denuncias
La Federación de Empleados de Servicios Públicos de UGT Jaén, Sindicato Profesional de la Policía Local de Jaén, hizo público a través de las redes sociales, un comunicado en respuesta a la nota de prensa remitida por el Ayuntamiento el pasado sábado en la que informaba de que la Corporación Municipal no ha cursado órdenes a los agentes de la Policía Local de Martos para que incrementen el número de sanciones a vehículos, una cuestión “que entendemos está motivada por un exceso de celo en la aplicación del reglamento por parte de los agentes”.
El Ayuntamiento informó, además, en la nota de la suspensión de todas las sanciones impuestas a vehículos “hasta que se estudien detenidamente cada una de ellas”, al tiempo que desmentía “categóricamente cualquier tipo de vigilancia, presión o amenaza disciplinaria a los agentes de la Policía Local” y confirmaba el estudio de las causas que motivaron un repunte en las bajas de Policía Local, coincidiendo con la Semana Santa.
En su comunicado de respuesta, el sindicato admite “que en ningún momento se ha dado órdenes a la Policía Local para incrementar el número de sanciones”, pero niega que el aumento de denuncias “venga justificado por un exceso de celo en la aplicación del Reglamento General de Circulación”. En este sentido, el comunicado sindical añade: “La mayoría de los agentes integrantes de esta plantilla se sienten amenazados y perseguidos, en su vida laboral y en la personal”. Y aseguran haber recibido amenazas y coacciones de forma directa o indirecta lo que les obliga a “trabajar bajo mucha presión por el miedo a ser expedientados”.
Sobre la suspensión de la tramitación de las sanciones, el sindicato califica la decisión de “irresponsable” y señala que sólo se producen con la intención de “calmar las redes sociales” ante la avalancha de quejas, “predisponiendo al ciudadano “contra la Policía Local”. El sindicato también considera que esta medida “desacredita y desprestigia al Cuerpo de la Policía Local” lo que puede ocasionar “graves consecuencias para el futuro trabajo de este Cuerpo al ser desautorizado y poniendo en entredicho la veracidad de lo denunciado por los agentes”.
De la suspensión de las denuncias, el sindicato advierte que “de llevarse a cabo, presuntamente podría incurrirse en un delito de prevaricación, según recoge el Código Penal y la propia Ley de Tráfico”, ya que la Alcaldía no tiene potestad legal para suspender o condonar las denuncias, y que ello demuestra una actitud del alcalde “injusta y arbitraria”. En este sentido, el sindicato recomienda a la secretaria del Ayuntamiento, “que no asesore negativamente al alcalde en esta desafortunada decisión, ya que de demostrarse su participación activa en la misma, pudiera llevarle a incurrir en responsabilidades penales”.
El Sindicato Independiente de la Policía en Andalucía (SIP-AN) y el Partido Andalucista de Martos también se manifestaron sobre el pulso que mantienen el Ayuntamiento y los representantes sindicales de la Policía Local, que desde hace semanas negocian el anexo del convenio colectivo que afecta a la plantilla policial. Así, desde la Secretaría General del SINP-AN desmintieron la existencia de un exceso de celo en el número de denuncias a vehículos en los últimos días y añadieron que estas “se deben a la mera observancia del código por parte de los agentes” y calificaron de “exagerada” la cifra de 16 bajas médicas producidas en el Cuerpo durante la Semana Santa “ya que algunas de ellas eran de larga duración”.
Por otra parte, el Partido Andalucista de Martos emitió un comunicado en el que lamentaba “el bochornoso espectáculo ofrecido por el alcalde y el equipo de gobierno con el tema de la Policía Local”, y que en alusión a la información publicada por este periódico el día 26, no considera serio que el Ayuntamiento “arremeta en prensa contra un colectivo que es garante de la seguridad ciudadana” y denuncia la falta de talante del alcalde y la “guerra soterrada” que mantienen ambas partes y que sólo perjudican al ciudadano y a las arcas municipales por pedir apoyo a otras fuerzas de seguridad. Concluye el PA instando al equipo de Gobierno a negociar “por el bien y la seguridad de la ciudadanía”.