Pide ayuda para no ir a prisión por una pelea en el año 2008

La angustia se ha apoderado de María Jesús Martínez Gil. Esta joven, natural de Chiva y residente en Baeza desde hace un lustro, debe ingresar en prisión por una pelea ocurrida el 21 de junio de 2008 y en la que causó heridas de consideración a su contrincante. “Tengo mi vida, mi familia, dos niñas pequeñas a las que debo cuidar. No es justo que pase esto ahora, casi ocho años después”, explica la mujer mientras se abraza a sus hijas, que ya notan la tristeza de su madre, pero que no aciertan a saber lo que pasa.

María Jesús es víctima de una situación kafkiana, propiciada por la lentitud de la maquinaria judicial. “Soy consciente de que cometí un error y tengo que pagar por ello, pero no así”, sostiene. Su historia arranca una calurosa tarde de junio de 2008, en una parada de autobús de su pueblo natal. Allí estaba junto con su compañero sentimental, el baezano Enrique Moreno. “Nos vimos involucrados en una pelea con otra pareja”, admite. Ella fue condenada a seis meses de cárcel en 2011 y a pagar una indemnización de casi 10.000 euros a las víctimas por las lesiones que les causaron. Una sentencia que llegó casi tres años después de los hechos. Su marido, que fue declarado en busca y captura, no fue condenado hasta 2014 y, actualmente, está en prisión por otras causas.

Fue el primer —y el único— problema con la Justicia que ha tenido María Jesús Martínez. Como no tenía antecedentes, el castigo fue suspendido. Eso sí, a condición de que hiciera frente al pago de la responsabilidad civil. “Tenía que pagar 792 euros al mes durante un año. Algo imposible para una familia normal. No me niego a pagarlo, pero, en mi situación económica, los plazos deben ser flexibles”, aclara.

Ese “beneficio” le fue concedido el 21 de mayo de 2012 por un Juzgado de lo Penal de Valencia. Sin embargo, no le fue notificada hasta noviembre de ese mismo año, cuando la mujer ya vivía en Baeza. A contrarreloj, contactó con un abogado del pueblo, que le redactó un recurso de apelación contra el auto de suspensión de la condena. Lo que se pedía es que el ingreso en prisión de María Jesús no estuviera supeditado al pago de los casi 10.000 euros de indemnización. “Yo pensaba que el asunto ya estaba resuelto, sobre todo después de que condenaran a mi marido por los mismos hechos. El abogado me dijo que me olvidara. Además, durante más de tres años, no he tenido ninguna noticia”, explica la joven. Sin embargo, hace unos días, su madre recibió en su domicilio de Chiva una nueva notificación del Juzgado. Le daban cinco días de plazo para entrar voluntariamente en la cárcel. “Se me vino el mundo encima. ¿Cómo voy a dejar a mis hijas solas?”, se pregunta.

El dramático plazo todavía no ha empezado a contar. Esa notificación debe entregarse en persona a la interesada. “Cualquier día llega la carta a mi casa”, afirma, con el lógico desasosiego de quien ve cómo su vida sufre el riesgo de derrumbarse. Por ello, la mujer hace un desesperado llamamiento de ayuda y quiere dar a conocer una situación que califica como “la mayor injusticia que puede padecer una persona”. Y es que María Jesús tiene su vida hecha en Baeza. Ha conseguido que el Ayuntamiento le ceda una vivienda social, donde vive junto a sus dos hijas, Naiara e Itzíar, de 6 y 4 años. “Pueden preguntar a quien quieran. No soy una persona conflictiva, solo una madre que lucha por sacar a su familia adelante”, sostiene.

De momento, María Jesús ha puesto su caso en manos de un abogado jiennense, que ya trabaja en una petición de indulto al Gobierno para esta vecina de Baeza. Parece ser que es la única salida para no entrar en prisión. El tiempo corre en su contra.