Solución para las viviendas derrumbadas en La Guardia

Ha costado trabajo, pero, al final, todo el mundo está contento”. De esta resume el alcalde de La Guardia, Juan Morillo, la solución definitiva al derrumbe de viviendas ocurrido en la Plaza de Vista Alegre, en diciembre de 2015, como consecuencia de una supuesta rotura en la red de aguas. El responsable elogia la actitud y la solvencia de Aqualia, la empresa suministradora. Un acuerdo con la compañía permitió, según indica el regidor, que una aseguradora ingresara 304.299 como indemnización para sufragar la reconstrucción y otras consecuencias.

De hecho, el comienzo de los trabajos arrancará en breve, una vez ejecutada la demolición. En este sentido, Morillo destaca que Aqualia se hace cargo de la compensación por las pertenencias perdidas y por el coste del alquiler para realojar a las cuatro familias, con unos quince integrantes, que se encuentran fuera de sus domicilios desde hace más de dos años. Además, el responsable manifiesta que se ha hecho un esfuerzo para que los moradores —“que salieron con lo puesto”— recuperen el máximo de enseres.

Los cálculos de los peritos garantizan que con la suma transferida al Ayuntamiento habrá para cubrir todos los desembolsos necesarios. En su momento, cinco casas de titularidad municipal se vinieron abajo y otros tres inmuebles próximos sufrieron desperfectos de consideración. Uno de los aspectos que allanó la solución definitiva fue la retirada del pleito contencioso-administrativo presentado después de que, en un principio no hubiera entendimiento entre la empresa de aguas y la administración local acerca de la responsabilidad y el importe de los daños. El asunto incluso se llevó al Consejo Consultivo de Andalucía. En un principio los informes técnicos cifraron en alrededor de 700.000 euros el impacto del aparatoso percance en las arcas locales. Las autoridades guardeñas siempre achacaron el origen a un mal mantenimiento de la red de distribución.

Morillo se muestra satisfecho de que, finalmente, se vea un horizonte para que todo vuelva a la normalidad en el mencionado espacio del pueblo, situado fuera de la zona protegida del casco urbano. De hecho, su intención, una vez que concluya la reedificación es “hacer las cosas bien” y firmar un acuerdo con los vecinos que perdieron sus hogares.

Cuando ocurrió el suceso, los habitantes de los inmuebles notaron una especie de “terremoto” en el que las paredes crujían y el suelo cedía, mientras que las puertas quedaban desencajadas. Pese a la espectacularidad de la situación no hubo que lamentar daños personales. Durante los meses que prolongó la falta de acuerdo, la cuestión fue objeto de controversia política. En junio de 2016, desde la oposición, el PSOE reclamó la rescisión del contrato con la firma que abastece de agua al municipio y dejaba claro que el problema derivaba de una avería.